PP, Cs y Vox votan a favor de simplificar los trámites a las empresas

Los votos del PP, Cs y Vox han servido para convalidar el decreto ley de simplificación de trámites administrativos y ambientales a las empresas como un «mensaje de confianza a los emprendedores», mientras que el PSOE, Podemos y UPL han votado en contra al entender que aprovechan la pandemia para aplicar recetas del liberalismo «más salvaje» y reducir garantías ambientales, mientras que Por Ávila se ha abstenido.

Ha sido el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, quien ha defendido ante las Cortes de Castilla y León un decreto ley que fue aprobado el pasado jueves en el Consejo de Gobierno y que «no elimina un solo requisito medioambiental» sino que «agiliza los trámites y apuesta por la confianza en los emprendedores», en referencia a la sustitución, para las pequeñas y medianas explotaciones ganaderas y otros negocios, de la licencia ambiental por una comunicación responsable que sería inspeccionada posteriormente. «Los tratamos como adultos, con presunción de inocencia y no de culpabilidad», ha destacado Igea, quien ha tachado al PSOE de ser el partido «ultraconservador» de Castilla y León y de convertirse en los «reyes del catenaccio»: «Salgan del pasado para que esta tierra pueda ganar el futuro», ha pedido el vicepresidente.

El socialista Luis Briones ha tomado la palabra para manifestar la oposición de su grupo a la convalidación de este decreto ley.

Sobre el fondo, Briones ha alertado especialmente del «caos» que provocará en los pequeños ayuntamientos la modificación de la Ley de Urbanismo al permitir entre otras cosas la corta de arbolado sin previo aviso, lo que tendría difícil reparación en su opinión, o la concesión de la licencia de primera ocupación a priori. «Se les ve el plumero como con la ley del suelo», ha remarcado el representante socialista, quien ha reprochado que la Junta aproveche «la terrible» pandemia para aplicar «recetas económicas deserreguladoras de la legislación laboral más salvaje». «Una cosa es facilitar la dinamización y otra esto», ha avisado Briones, quien ha sentenciado que «la riqueza para las empresas» en algunos casos será «la ruina para nuestros pueblos», en referencia a lo que ha visto como un «efecto llamada» para los promotores de macrogranjas. «Este decreto huele muy mal», ha concluido.

Réplica naranja

Le ha replicado el procurador de Cs Miguel Ángel González, quien ha defendido el beneficio de estas modificaciones para los emprendedores, mientras que ha ironizado con el «ataque de extrema candidez» del PSOE por firmar el Pacto de Comunidad «con el eje del mal», en referencia al PP y Cs, por lo que ha concluido que «quizás» los socialistas anticipen así su idea de «no cumplir» el acuerdo.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha lamentado el debate «de brocha gorda» y ha asegurado que estos cambios normativos «en absoluto» afectan a la normativa que rige para las denominadas macrogranjas. «Quieren tutelarlo todo», la criticado el consejero a los socialistas.

Al intervenir el consejero, Briones ha pedido de nuevo la palabra para asegurar que «de facto» esta normativa vaya a permitir que empresas que llevan 10 años sin licencia ambiental «se vayan a acabar legalizando», por lo que ha anticipado un «auténtico desastre para Castilla y León», tras lo que ha ironizado sobre las palabras pronunciadas por Suárez-Quiñones y que fueron interceptadas en una investigación de la Guardia Civil.

Después de este cruce de argumentos ha tomado la palabra el representante de UPL, Luis Mariano Santos, quien ha valorado no haber firmado el pacto de reconstrucción porque tras una redacción vaga «se puede ocultar algo», como en su opinión ocurre con el punto 34 del acuerdo, que da pie a un decreto ley como el convalidado hoy que es «una puerta de atrás muy peligrosa con serias dudas normativas».