Igea muestra “todo nuestro apoyo” al Consejo en su propuesta de reformas normativas para la autonomía de la institución

El presidente y los consejeros del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, Emilio Melero y Miguel Ángel Jiménez, recibieron hoy en la sede del órgano de control externo en Palencia al vicepresidente de la Junta, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, a quien el Pleno le presentó su propuesta de reformas normativas para reforzar su independencia y garantizar su autonomía funcional en términos equiparables al resto de los órganos de control externo autonómicos de España. 

El presidente de la institución propia de la Comunidad agradeció la atención y disposición del vicepresidente en esta primera visita institucional, que se completó con una reunión de trabajo del Pleno en la que acompañaron a Igea el viceconsejero de Transparencia, Fernando Navarro, y la directora general de Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios, María García. Amilivia reconoció “el trabajo esforzado, continuado y permanente que Igea y todo su equipo están llevando a cabo en la situación social más grave que nos hemos encontrado los españoles en nuestra vida, la lucha contra la pandemia”.

Mario Amilivia declaró que la reforma normativa expuesta hoy ante Igea plantea, por una parte, que el Consejo apruebe con independencia su Plan de Fiscalizaciones, reforma que también permita que el órgano apruebe su propio Reglamento, la relación de puestos de trabajo, o que, en relación a los funcionarios, estos tengan un régimen coherente con su dependencia a las Cortes de Castilla y León, que haga aún más más atractivas estas plazas, mejorándose la optimización de los recursos del Consejo”. Además, el presidente abogó por reformas concretas dirigidas a mejorar la rendición de cuentas de las entidades locales de la Comunidad . “Adolecemos de medios y estímulos a la rendición, bien sea con el establecimiento de multas coercitivas, bien condicionando pagos y transferencias a la efectiva rendición de cuentas. Creemos que estas medidas se pueden incorporar junto con otras en futuras modificaciones normativas”, declaró.

Amilivia mostró la “plena colaboración del Consejo de Cuentas” con la Consejería en el ámbito de las competencias que le son propias, bien ante la eventual elaboración de proyectos de ley, bien desde el punto de vista de la evaluación de políticas públicas”, dijo.

Francisco Igea expresó “todo nuestro apoyo” a las propuestas de mejora que le fueron presentadas por el Pleno del Consejo de Cuentas. “Todas esas peticiones de aumento de independencia, de mejora de la institución, van a encontrar todo nuestro apoyo. Las instituciones propias deben de ser lo más independientes posibles, simbolizan mucho de lo que este gobierno de coalición quiere traer como reformas esenciales a la Comunidad”, subrayó. El vicepresidente abogó por coadyuvar desde la Consejería de Transparencia por una “mayor visibilidad del Consejo, por el trabajo que realiza esta Institución” y por una de las reivindicaciones de éste: que apruebe su propio Plan de Fiscalización “de manera independiente”.

Igea destacó la importancia de que estas instituciones funcionen “de manera independiente, con los mejores recursos, porque ello va en bien de los ciudadanos” . “Cuanto mejor funcionan los controladores, mejor funciona la democracia, mejor funciona la administración. Una administración limpia, que funcione bien, asegura un crecimiento económico”, añadió. 

Amilivia explicó que el Consejo de Cuentas es un órgano dependiente de las Cortes de Castilla y León, que actúa con autonomía y debe pronunciarse con transparencia sobre la legalidad y la eficiencia en el uso y gestión del dinero público. Desde su puesta en funcionamiento hace 15 años ha aprobado 200 informes y sus actuaciones se caracterizan por una absoluta coordinación con el Tribunal de Cuentas.

El objetivo principal del Consejo es contribuir a una administración eficiente de los recursos públicos mediante un control transparente del gasto. Del volumen económico sujeto a fiscalización por parte del órgano de control, unos 14.000 millones de euros, aproximadamente tres cuartas partes corresponden a la Administración de la comunidad autónoma.

El Consejo realiza tres tipos de fiscalizaciones : de legalidad, de análisis económico-financiero y operativas, modalidad esta que se está potenciando como herramienta de evaluación de las políticas públicas. Actualmente, el Consejo tiene en distintas fases de tramitación un total de 33 trabajos correspondientes a los planes anuales de fiscalizaciones de 2019 y 2020. En concreto, 6 informes aprobados pendientes de comparecencia; 11 aprobados, pendientes de comparecencia; y 16 en elaboración del PAF 2020.

Propuesta de modificaciones legales

Tomando como base el primer Plan Estratégico del Consejo (2019-2020), que a través de 50 medidas aboga por reforzar la independencia y garantizar su autonomía, fortalecerlo como referencia institucional en el análisis de la situación económico-financiera de las administraciones públicas y avanzar en transparencia como principio básico de gestión pública, Amilivia expuso al vicepresidente del Ejecutivo la propuesta de modificaciones legales, que ya conocen los grupos políticos. 

Favorecer, en primer lugar, un nuevo avance en la rendición de cuentas. Por un lado, con el establecimiento de las cuantías para la aplicación de multas coercitivas como mecanismo para hacer valer el deber de colaboración de las entidades fiscalizadas y, por otro, condicionando el pago de subvenciones y transferencias a la efectiva rendición de cuentas. Se pretende además acortar los plazos para el cumplimiento de esta obligación legal por parte de las entidades locales a fin de dotar a los informes de la mayor actualidad posible.

El Consejo plantea reforzar su independencia y garantizar su autonomía persistiendo en dejar de ser el único órgano de control externo del país que no aprueba su Plan Anual de Fiscalizaciones.

Propone también mejorar la gestión de sus recursos humanos tratando el régimen y retribuciones del personal en coherencia con la dependencia orgánica de las Cortes de Castilla y León.