La Junta destina 32,3 M€ a su plan para vehículos de energías limpias

La Junta aprobó ayer en el Consejo de Gobierno la Estrategia de Vehículos de Energías Alternativas en la que se prevé movilizar una inversión de 32,3 millones de euros con el fin de contribuir al desarrollo de un sector «clave» para la economía de la Comunidad, además de reducir gases de efecto invernadero.

La consejera de Empleo de la Junta de Castilla y León, Ana Carlota Amigo, ha informado de que se marca como objetivo que la comunidad cuente en 2023 con un parque de al menos 5.000 vehículos eléctricos (frente a los 1.162 actuales), 3.000 de gas licuado del petróleo, 400 de gas natural comprimido, 50 de gas natural licuado, y 10 de hidrógeno. Además, se aspira a contar con una red de puntos de recarga y suministro lo suficientemente amplia para dar respuesta a las necesidades del nuevo parque. Las medidas se articulan en tres ejes: industrialización, infraestructuras y mercado.

Amigo destacó que se pretende a través de esta estrategia que la autonomía se convierta en una de las comunidades de referencia tecnológica en el sector de vehículos de energías alternativas, en su triple vertiente de vehículos, componentes e infraestructura de recarga/suministro.

La estrategia contempla una batería de medidas que van a permitir el fortalecimiento de un sector clave en la economía de la comunidad, contribuyendo, paralelamente, a reducir la emisión de gases de efecto invernadero en cumplimiento con los objetivos planteados por la UE de cara a 2030. Así, desde el punto de vista industrial y tecnológico, la Estrategia contribuirá a que la industria de la automoción se posicione como un «referente» tecnológico, manteniendo una posición muy destacada en la producción de vehículos.

Además, según la consejera, permitirá incrementar la actividad, ya que se integrarán en las cadenas de producción nuevos componentes y módulos para vehículos, infraestructuras de recarga y sistemas inteligentes de transporte.

En su vertiente económica, junto al fortalecimiento del sector con sus consiguientes beneficios en la actividad económica y el empleo, se espera una mejora de la balanza comercial, disminuyendo las importaciones de petróleo.

Desde el punto de vista medioambiental, la estrategia ofrece soluciones para disminuir las emisiones contaminantes, fundamentalmente en las ciudades, ayudando a mejorar la calidad del aire, disminuyendo la contaminación acústica y facilitando la consecución de los objetivos marcados por la UE de cara a 2030, que establece la reducción en un 40 por ciento de emisiones de gases de efecto invernadero con respecto los niveles de 1990.

El eje de la industrialización pretende favorecer el desarrollo tecnológico y la fabricación —en las plantas de Castilla y León— de componentes y módulos para vehículos de energías alternativas, así como para la fabricación de la infraestructura energética asociada. Para ello, se apoyarán proyectos empresariales de innovación así como líneas de apoyo a la inversión que facilitarán la implantación de nuevas empresas vinculadas a los vehículos sostenibles.

Habrá apoyo a la investigación relacionada con los vehículos de energías alternativas por parte de los centros tecnológicos y las universidades. Se promoverán las asociaciones público-privadas en el ámbito europeo para impulsar los esfuerzos investigadores. Se incentivará la participación en iniciativas tecnológicas conjuntas para potenciar la colaboración de la industria con el sistema público de investigación, destacando los convenios entre el Eren y las universidades públicas de Castilla y León

Otro de los objetivos es la formación para el empleo y de la oferta de ciclos de FP, fomentar el desarrollo de nuevas aplicaciones que permitan aumentar la conectividad de vehículos de energías alternativas, favorecer una red recarga/suministro que cubra las necesidades que puedan generarse por la movilidad de los usuarios. El objetivo es contar con una red de puntos de carga por todo el territorio de la Comunidad que alcance en 2023, al menos, 300 puntos de recarga en la vía pública, 300 puntos de recarga públicos-restringidos, 1.200 puntos de recarga en domicilios particulares, 300 puntos de recarga rápida, (en la actualidad hay 200) y 80 estaciones de repostaje de gas de distinta naturaleza.

Habrá una líneas de ayuda para la adquisición de vehículos de energías alternativas y para la instalación de puntos de recarga en hogares así como información de la infraestructura existente. El documento apoya la creación de planes de movilidad compartida (Car Sharing) para fomentar la incorporación de vehículos que funcionen con energías alternativas. La Junta asesorará a los municipios para fomentar el uso de los vehículos, especialmente a través de ordenanzas municipales.