La teleasistencia será gratuita para que los mayores «sigan en su casa»

Las Cortes de Castilla y León han aprobado ayer con los votos a favor de PP, Cs, Vox, XAV, UPL y Podemos y la abstención PSOE la modificación de la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León, por la que se eliminará para 2021 el copago del servicio de teleasistencia en la Comunidad. Con esta modificación legal, la Jumnta asegura que busca un modelo que combata la soledad y que los mayores sigan en sus casas.

La modificación de la Ley de Servicios Sociales tiene como objetivo cambiar la teleasistencia por un modelo avanzado, con un contrato único que costeará íntegramente la Junta, sin copago, que ofrecerá ventajas como mejorar el servicio, que será homogéneo en toda la Comunidad, proactivo y cuente con una plataforma tecnológica o permita integrar la información de usuarios en el historia social único de cada persona.

Con esta reforma se pretende que a partir de ahora la Junta sea la competente en la regulación, planificación y dirección del servicio, se haga cargo de su financiación íntegra (unos 4 millones al año) y, en su caso, de la suscripción del contrato único para toda la Comunidad, mientras que los ayuntamientos mantendrán la tramitación y resolución del procedimiento que reconoce el derecho del usuario y, por lo tanto, la prestación material del servicio.

En contra de los pasos dados para esta modificación legal se ha pronunciado el Grupo Socialista, que han alegado que esta modificación ha sido tramitada con una «falta total de transparencia y participación», especialmente de las entidades locales, que son precisamente las que «más saben y pueden aportar», ha expresado la procuradora del Grupo Socialista María Isabel Gonzalo, quien ha reiterado que existen «muchas dudas y pocas certezas».

Como han defendido en el hemiciclo las procuradores de los grupos Popular y Cs, María Ángeles Herrero y María Teresa Gago, respectivamente, se trata de un servicio público que benefició a 26.000 personas en el 2019 en la Comunidad, de ellos 14.000 dependientes, un servicio que prestan los ayuntamientos, que aportaron 650.000 euros, el 35 por ciento de lo financiado, mientras que la Junta contribuyó con 1,3 millones, el 65 por ciento, y los usuarios pagaron 1,7 millones.

Con la reforma, la competencia en regulación, planificación y dirección de la teleasistencia pasa a la Junta, que además se hace cargo de toda la financiación del servicio, cuatro millones de coste a mayores.

Aunque los ayuntamientos seguirán con las tramitación, resoluciones del procedimiento y prestación material del servicio, esta reforma, han explicado los dos grupos, permitirá que los 23 contratos actuales de teleasistencia —uno por cada ayuntamiento de más de 20.000 habitantes, más los de las nueve diputaciones— pasen a uno único y se ofrezca un servicio «proactivo», ha explicado la procuradora de Cs María Teresa Gago.

«La diferencia entre ustedes y nosotros es que nosotros pensamos en las personas y ustedes, en ustedes», ha expresado la procuradora popular María Ángeles Herrero, quien ha lamentado que el único argumento del PSOE para oponerse a esta modificación legal es porque esta ha sido promovida por el PP y Cs.

Ante estas críticas, la socialista ha puntualizado que el PSOE «no está en contra de la supresión del copago», sino en «cómo se ha modificado esta ley», de una forma «totalmente opaca». «Así no se puede modificar una ley tan importante como la de Servicios Sociales», ha resumido Gonzalo.

La representante de Podemos Laura Domínguez ha criticado también la «emergencia y urgencia» con la que se ha tramitado esta modificación, que responde a la «política de lo inmediato y de titular fácil», cuando «no está nada claro» cómo se va a desarrollar este servicio.

Como ha concluido Domínguez, con esta modificación los ayuntamientos pierden capacidad de decisión sobre este servicio y el contrato único genera «dudas» sobre las condiciones en que se adjudicará y las situaciones laborales que deparará para los trabajadores que atienden a las personas dependientes.

Podemos y PSOE creen que la Junta centraliza el servicio.