Las ayudas del Ecyl permiten abrir a 556 emprendedores y autónomos
La Junta aporta 3,2 millones de euros para crear pequeñas empresas en la Comunidad
En total, 556 desempleados y trabajadores autónomos ha creado su propia empresa con el apoyo económico de la Junta de Castilla y León que ha aportado 3,2 millones de euros a través de una línea de ayudas para promover iniciativas emprendedoras y de autoempleo por parte de los trabajadores en situación de desempleo o autónomos cofinanciada por el Fondo Social Europeo.
Según los datos aportados ayer desde la Consejería de Empleo e Industria, la ayuda económica que recibirá cada uno de los proyectos oscila entre los 5.500 y los 9.000 euros, en función del perfil del solicitante y del lugar de ubicación de la empresa.
Así, las iniciativas promovidas por mujeres, jóvenes menores de 35 años y emigrantes retornados recibirán un incentivo de 5.500 euros; los proyectos impulsados por mayores de 55 años cuentan con una ayuda de 7.000 euros cuando el promotor sea un hombre y de 8.500 euros si es una mujer.
Las mismas fuentes han precisado que estas subvenciones se incrementarán en 500 euros en el caso de desempleados de larga duración o mayores de 45 años que no perciban prestación o subsidio por desempleo. El mismo incremento tendrán aquellos negocios que se instalen en un municipio de menos de 5.000 habitantes.
Desde la Consejería de Empleo e Industria han indicado asimismo que la ayuda que reciben estos nuevos emprendedores está destinada a financiar los gastos derivados del inicio de actividad y también permite sufragar parte del coste de los servicios externos necesarios para su desarrollo, así como los cursos relacionados con la dirección, la gestión empresarial o las nuevas tecnologías.
Esta línea de subvenciones forma parte de la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-2020, donde se incluyen incentivos para fomentar el desarrollo de actividades económicas por cuenta propia, «como una de las principales alternativas para acceder al mercado laboral, prestando especial atención a los colectivos con mayores dificultades de empleabilidad».
«De este modo —defienden desde el departamento que dirige Ana Carlota Amigo— se mejora la actividad económica y el empleo, al tiempo que se contribuye a luchar contra la despoblación, especialmente en el medio rural, y se favorece la igualdad».