CyL demanda que la ley reconozca a todas las víctimas sin mirar el bando

La Junta de Castilla y León planteará alegaciones al Proyecto de Ley de Memoria HIstórica actualmente en curso para que abarque el reconocimiento a todas las víctimas del «fanatismo y el totalitarismo», con independencia de bandos.

Se debe reivindicar la igualdad de «todas las víctimas del fanatismo», de ejecuciones extrajudiciales, que fueron víctimas por sus convicciones o ideas independientemente del bando en el que estuvieran, ha demandado este jueves el vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea.

El también portavoz del Ejecutivo autonómico ha explicado en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno de la Comunidad que el proyecto de Ley en trámite da la impresión de que es innecesario, «muy burocrático, muy redundante» y no cumple los objetivos que dice defender.

Igea ha situado la importancia de este proyecto en que estén presentes todas las víctimas del totalitarismo, de la ejecución extrajuicial y que fueron víctimas por sus creencias o condición.

Todos los que perdieron la vida víctimas del fanatismo y el totalitarismo tienen derecho a ser reconocidas, ha resumido. Igea ha informado además de la aprobación este jueves en el Consejo de Gobierno de la concesión directa de una subvención de 25.000 euros a la Universidad de Burgos, como acuerdo propuesto por parte de la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, dado que es la consejería competente en materia de Memoria Histórica.

Con esta subvención, que se distribuirá en las anualidades 2020 y 2021 a razón de sendas cuantías de 12.500 euros, la Junta de Castilla y León subvenciona a esta universidad pública la elaboración de un mapa de fosas de la Guerra Civil y de la Dictadura Franquista en Castilla y León, dando cumplimiento al Decreto 9/2018, de 12 de abril, de la Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León.

Una de las actuaciones concretas que incluye esta colaboración entre el Gobierno de la Comunidad y la Universidad de Burgos es, en primer lugar, llevar a cabo un trabajo de campo y de documentación previos con la realización de un proceso de registro y compilación de datos sobre el terreno.

Incluirá la visita y prospección de todos aquellos lugares donde se conoce o sospecha la existencia de una fosa, con el fin de constatar tal hecho; la recopilación de testimonios orales de vecinos o familiares de víctimas que puedan contribuir a confirmar la existencia de una fosa y facilitar su localización.

En los archivos

Abarcará también la consulta de aquella documentación custodiada en archivos, ya sean de titularidad pública como privada, que puedan hacer mención sobre la existencia y ubicación de fosas; y la consulta de la bibliografía de toda naturaleza generada sobre las fosas de Castilla y León, y el cotejo de toda aquella información que las diversas asociaciones memorialistas de Castilla y León y de otros territorios difunden a través de Internet en páginas web, blogs o redes sociales.

Otras dos actuaciones fijadas consiste, por un lado, en realizar una labor de análisis y estudio en el gabinete de los datos recabados durante la fase de trabajo de campo; y por otro, elaborar y redactar el preceptivo Informe o Memoria, en el que se recogerán los resultados obtenidos y una valoración de ellos.

Una copia de dicho informe deberá remitirse a la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, departamento que dirige Igea.

La partida económica de 25.000 euros incluirá como gastos subvencionables los relativos a personal.