El PSOE pide que se actúe con firmeza y de inmediato contra Pérez Villar

De «tortuoso» y «entrizado» calificaron ayer los grupos parlamentarios de la oposición el largo y complejo proceso administrativo que la Junta de Castilla y León ha llevado a cabo hasta ahora en relación al reintegro de las subvenciones concedidas a las empresas Renasa y Minas Ventana cuando Pérez Villar era consejero de Economía y Hacienda. Por este motivo, el procurador socialista Octavio Granado exigió ayer a la actual consejera de Economía, Isabel Carrasco, que se inicie cuanto antes el expediente de responsabilidad patrimonial contra Pérez Villar, puesto que, en su opinión, sí está demostrado que se ha producido un «grave perjuicio» a la Hacienda Pública de Castilla y León por una autoridad de esta comundidad». Según señaló Granado, el expediente de responsabilidad patrimonial, pendiente del recurso en el TSJ, debería haberse iniciado al mismo tiempo que el procedimiento administrativo que se abrió en el año 1997. Además, el procurador aseguró que dicho expediente no podría ser paralizado ni ante la apertura de un procedimiento penal. Por todo ello, Granado consideró que la Junta «no ofrece el mismo trato a todos los ciudadanos de Castilla y León». Por su parte, Isabel Carrasco, que compareció ayer ante la Comisión de Economía y Hacienda a petición de los grupos parlamentarios socialista y mixto, explicó que la condición imprescindible para que se abra este expediente de responsabilidad patrimonial es que se haya producido un daño o perjuicio a la hacienda pública, algo que ahora corresponde determinar y cuantificar a la Consejería de Industria, Comercio y Turismo. No obstante, Carrasco señaló que la cuantificación de ese daño queda supeditada a que el Tribunal Superior de Justicia resuelva el recurso interpuesto contra la Orden de Industria que declaraba nulas las subvenciones concedidas a la empresa Renasa y cuyo importe asciende a 135 millones de pesetas. Isabel Carrasco reiteró que su Consejería ha cumplido al detalle y con el máximo rigor todo el procedimiento administrativo que le competía y aseguró que en todo momento se ha tratado a Pérez Villar igual que a cualquier otro ciudadano. En cuanto al «laberinto jurídico» que han supuesto todas las actuaciones emprendidas, la consejera echó la culpa a las propias características del actual ordenamiento jurídico.