El procurador del Común rechaza la figura del adjunto para los menores

En sus argumentaciones, el procurador del Común de la comunidad -figura similar al Defensor del Pueblo nacional- repasó las actuaciones de oficio realizadas por este Alto Comisionado de las Cortes en materia de protección del menor, que tiene encomendada, como la seguridad vial, la escolarización de niños gitanos y la protección a la infancia en los ficheros automatizados. Los menores objeto de agresión o de robos con amenaza por parte de otros niños; las guarderías; educación especial; los hijos de los temporeros o supuestas agresiones en centros escolares han sido otras de las actuaciones realizadas por el Procurador del Común, según relató su titular. Esta variedad de materias, según García Alvarez, ha motivado la decisión del Procurador de que «dentro de cada área, por el responsable correspondiente, se estudien los diversos aspectos de la infancia bajo la dirección del Procurador del Común». García Alvarez también se refirió a la futura creación del Consejo Consultivo de Castilla y León, y alertó, al respecto, de la posible «superposición» de las atribuciones de este órgano regional y las de la institución que dirige en cuanto a la función de velar por la observancia del Estatuto de Autonomía. Anunció asimismo su intención de someter en breve a las Cortes el proyecto de reglamento interno de la institución, y denunció la falta de aprobación de los reglamentos que desarrollan la Ley de Régimen Local, de Consumidores y Usuarios, Urbanismo o protección de ecosistemas acuáticos. En su informe, el procurador recordó que los ayuntamientos cooperaron menos en el 2001 a la hora de responder a sus requerimientos de información, ya que el grado de respuesta fue del 66% frente al 81% de la Junta de Castilla y León. El índice de colaboración de las administraciones fue en el 2001 del 77%, según recordó Alvarez, quien criticó no obstante, un año más, la falta de «celeridad deseada» en las respuestas a los requerimientos de la institución autonómica. En su explicación del informe, García Alvarez, confió en que con la reforma de la ley que regula esta figura, en vigor desde el 8 de noviembre de 2001, aumente el grado de colaboración de los municipios, ya que ahora es obligatorio responder a los requerimientos y lo contrario supondría tener que aplicar el Código Penal. En 2001, el Procurador registró 138 actuaciones de oficio, por 121 del periodo anterior, y 2.360 quejas recibidas, 157 menos que en el 2000, de las que los ciudadanos leoneses, con 633, presentaron el 27%, y los vallisoletanos 298, el 13%. Soria y Ávila, con 113 y 126 quejas, respectivamente, el cinco por ciento del total, fueron, por contra, las que menos quejas presentaron en términos absolutos. Los burgaleses registraron 273 quejas, el 12%; los salmantinos 261, el 11%; los segovianos 194, el 8%; los palentinos 164, el 7%; y los zamoranos 145, el 7%. Por áreas de quejas, Función Pública y Urbanismo registraron cada una un 19%; Trabajo y Seguridad Social el 11% y Actividades Clasificadas y Medio Ambiente, el 10% por ciento.