El TS estudiará si el ‘decretazo’ sanitario de la Junta es legal
El Supremo admite a trámite el recurso de Csif contra una medida que el sindicato tacha de «abuso»
Protesta de sanitarios de León por el recorte de sus derechos. JESÚS F. SALVADORES
El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por el sindicato Csif contra el ‘decretazo’ sanitario de la Junta de Castilla y León para organizar el trabajo y la movilidad de los sanitarios y que el sindicato ha definido como «un abuso, una imposición y una vulneración escandalosa» de los derechos de los profesionales sanitarios.
El Gobierno autonómico tiene ahora un plazo de 20 días para remitir el expediente administrativo que justifica la aprobación de un decreto que ha sido «rechazado frontalmente» por los sanitarios de la autonomía a través de protestas y de movilizaciones.
El presidente de Sanidad de Csif Castilla y León, Juan Carlos Gutiérrez-Rodilla, ha valorado la admisión a trámite de la demanda como «una noticia muy importante para todos los sanitarios, que demuestra que los argumentos que hemos esgrimido los considera suficientemente sólidos para que continúe el procedimiento».
Gutiérrez-Rodilla ha instado a la Junta con su presidente a la cabeza, Alfonso Fernández Mañueco, a retomar la negociación sobre la organización de los sanitarios para alcanzar «un acuerdo sin imposiciones».
Según recuerda el sindicato, Csif presentó el 13 de enero una demanda ante la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo contra el ‘decretazo’ sanitario de la Junta, «consciente de estar ya ante la tercera ola provocada por la covid-19, y de que la negociación del Decreto 2/2020, que regula la organización y trabajo de los sanitarios de Sacyl, estaba totalmente estancada por la falta de voluntad del Gobierno autonómico».
El presidente de Csif autonómivo, Benjamín Castro, ha defendido que la negociación es «la mejor herramienta» para la resolución de un conflicto y ha garantizado al respecto que Csif seguirá presente en las negociaciones que se lleven a cabo en la Mesa Sectorial de Sanidad entre los sindicatos y la Consejería de Sanidad para evitar la aplicación del ‘decretazo’ y para conseguir un acuerdo que no lesione ningún derecho laboral de los empleados de Sacyl.
«No vamos a permitir que la Junta cambie las condiciones laborales de los trabajadores sanitarios de forma unilateral e impuesta», ha advertido Castro. También ha asegurado que Csif se opondrá a toda acción que suponga lesionar los derechos de los empleados de Sacyl «que, en un momento tan delicado como el que estamos sufriendo, se desviven —poniendo en riesgo su vida-—por prestar a los pacientes la mejor atención sanitaria, al igual que debería hacer la Consejería de Sanidad».
El sindicato independiente ha insistido en que no renuncia a toda vía de derecho que quede abierta para luchar contra un decreto que considera «injusto, ineficaz y arbitrario», por lo que afirma que seguirá adelante con el recurso.