Menos trabas y más inclusión en la empleabilidad de los discapacitados

Reducir las trabas administrativas y ampliar la inclusión de los procesos selectivos son los dos objetivos que se ha marcado la Junta con la modificación del decreto que regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo público, la provisión de puestos de trabajo y la formación en la Administración de Castilla y León.

Así lo han explicado este lunes en rueda de prensa los consejeros de la Presidencia y Familia e Igualdad de Oportunidades, Ángel Ibáñez e Isabel Blanco, respectivamente, junto con el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en la Comunidad, Juan Pérez.

Como ha explicado el consejero de la Presidencia, el objetivo que se pretenden alcanzar con esta modificación reside en «la progresiva reducción de la brecha en el acceso al empleo público entre el turno libre y el de discapacidad», de modo que la normativa se actualizará para eliminar ciertas trabas burocráticas que «desanimaban» a las personas con discapacidad a concurrir en estos procesos selectivos.

Por ejemplo, Ibáñez ha explicado que, hasta ahora, había determinados casos en los que las personas con discapacidad que habían obtenido una plaza pública vía oposición debían realizar después una nueva prueba para que acreditara que estaban capacitados para desarrollar un determinado trabajo. Algo que se va a eliminar con esta modificación del decreto.

Otra de las modificaciones del texto está referida con el grado reconocido de discapacidad, que se verá disminuido, del 75 al 65 por ciento para estos procesos, de modo que un mayor número de personas —las incluidas en ese diez por ciento de diferencia— podrán acceder a estas pruebas, sin que sea una desventaja para las personas con mayor grado de discapacidad, ya que las pruebas son «objetivadas» para cada concursante, ha explicado el consejero de la Presidencia.

Asimismo, las pruebas selectivas contemplarán adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso selectivo y tendrán «especial atención al desarrollo de la persona en su puesto de trabajo derivando en un plan de incorporación específico para facilitar su ingreso».

Como ha detallado Ibáñez, en estos momentos hay 92 personas con discapacidad ejerciendo como funcionarios de la administración de la Comunidad y otros 131 dentro de la categoría de laborales, que han accedido a su plaza en los últimos 15 años, además de los trabajadores públicos que ya tenían su plaza y por circunstancias de la vida se han visto en una situación de discapacidad.

En cuanto a estos procesos selectivos, el consejero ha reconocido que nunca se han llegado a cubrir todas las plazas que se convocan para el colectivo de discapacidad, 480 en los últimos 15 años y otras 192 en el caso de los laborales, aunque el porcentaje de empleabilidad en el sector púbico de estas personas está tres puntos por encima de lo que estipula la ley, en un diez por ciento.