La Junta pide que no sólo se mida el padrón para catalogar a las ciudades

Fernández Mañueco, que compareció en la Comisión de Entidades Locales del Senado que estudia el informe del Gobierno sobre la Ley de Grandes Ciudades, reclamó una «especial sensibilidad» por parte del Ejecutivo con las particularidades de las distintas comunidades autónomas. Explicó que el establecimiento «legal» de un doble régimen supondría, por una parte, que la delimitación de las grandes ciudades, su régimen jurídico y los criterios para su definición, fuesen competencia del Estado, con el fin de garantizar la homogeneidad. A la vez, las comunidades autónomas a través de sus respectivas asambleas legislativas y aplicando la normativa estatal, podrían reconocer individualmente el carácter de gran ciudad a aquellos municipios que voluntariamente lo soliciten, en función de las peculiaridades de cada región. A las ciudades del primer nivel, que calificó de «grandes ciudades en sentido estricto», se les aplicarían todas las medidas organizativas, competenciales y financieras previstas, y a las del segundo grupo, «grandes ciudades en sentido amplio», les corresponderían sólo algunas de esas medidas. La regulación material de este segundo nivel podría ser competencia de las autonomías, de tal forma que pudieran establecer su delimitación, su régimen jurídico y los criterios para su definición en función de las peculiaridades de cada comunidad, según el consejero. Reclamó del Gobierno que en la delimitación de las grandes ciudades en sentido estricto se fijen características objetivas como el desarrollo económico, el volumen de recursos gestionados, la capitalidad provincial o la propia estructura local, y que la población sea un «criterio importante, pero no único». Recordó que en Castilla y León «coexisten realidades locales de muy distinta naturaleza», lo que «pone de manifiesto la conveniencia de tener en cuenta una diversidad de criterios a la hora de definir las grandes ciudades que no sea sólo la de un número de empadronados, ya que en la mayoría de municipios de la comunidad existe una población flotante que debe pesar en la planificación de las políticas locales». Fernández Mañueco distinguió entre la financiación del Pacto Local propiamente dicho, que hace referencia a las competencias del Estado y de las comunidades autónomas que se traspasarán a las corporaciones locales, y la financiación de las grandes ciudades fruto de la nueva situación, que no debe hacerse al margen de la reforma de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. En ese sentido, dijo que la reforma de esta Ley, cuyo proyecto de Ley ya ha sido aprobado por el Gobierno y que ahora deberá ser tramitado en las Cortes, deberá contemplar las competencias de todos y cada uno de los ayuntamientos y su financiación, por lo que, insistió, en que no debe hacerse una ley financiera específica para las grandes ciudades. Se mostró a favor de la creación de una comisión de colaboración integrada por representantes del Estado, de las comunidades y las corporaciones locales, con funciones de consulta y asesoramiento, y defendió también la constitución de un sistema de parlamentarismo local para las grandes ciudades, en el que el alcalde y la comisión de Gobierno asuman la totalidad de las funciones ejecutivas y el Pleno las funciones normativas y de control político.