Mañueco le tumba a Igea el decretazo que indignó a toda la profesión médica

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha retirado el decreto que aprobó el pasado noviembre para reordenar las prestaciones laborales sanitarias ante la covid, al no ser necesaria ya su aplicación por la mejora de la situación de los hospitales y centros sanitarios.

Así lo ha anunciado este jueves en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea. Se trata de un decreto muy contestado por todos los sindicatos por entender que suponía un recorte de los derechos de los trabajadores, ya que permitía cambiar descansos, guardias y vacaciones de los sanitarios.

Los sindicatos de la mesa de la Sanidad de Castilla y León —CC OO, UGT, CSIF, CESM, Satse y Usae—, iniciaron una recogida de firmas a través de la plataforma chang.org con el mensaje «no al decretazo del Sacyl», para retirar ese decreto de prestaciones obligatorias ante la covid, con 7.000 rúbricas que entregaron a la Consejería para negociar esas prestaciones.

Y el decreto fue llevado ante el Tribunal Supremo por algunos sindicatos como el CSIF o la UGT, por entender que vulneraba las condiciones de trabajo del sector sanitario. Además, el 19 de noviembre pasado todos los sindicatos se concentraron en la Comunidad ante los centros de salud como protesta ante ese decreto.

El vicepresidente de la Junta ha argumentado que el decreto no es necesario porque las condiciones de los centros sanitarios derivadas de la covid han cambiado respecto a cuando se aprobó, y aunque la situación es grave no se dan los niveles de ocupación ni en planta ni en ucis de aquel momento, cuando se pasó de 434 hospitalizados por covid a 2.096 en una o dos semanas.

Sin embargo, el PSOE asegura que la derogación se debe a la pérdida de la mayoría absoluta de PP y Cs en las Cortes: «Temen perder la votación en una iniciativa del PSOE que instaba precisamente a su derogación», asegura Luis Tudanca.

Esta pérdida de la mayoría absoluta en la Cámara obliga a los partidos del Gobierno -PP y Cs- a tener que buscar aliados entre otras formaciones, como Por Ávila, que será su socio preferente en lo que resta de legislatura como así han expresado recientemente miembros del PP y Cs.

Sin embargo, se da la circunstancia de que el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, que sería clave para tumbar la iniciativa del PSOE, es médico de profesión y se ha pronunciado en varias ocasiones en contra de este decreto por el que la Junta alteraba, entre otras cosas, los descansos, las guardias y las vacaciones de los sanitarios y abría la puerta a los traslados forzosos.

Por su parte, Csif ha valorado el anuncio del Gobierno autonómico de la retirada del decreto de prestaciones personales obligatorias del personal sanitario y ha afirmado que mantendrá el recurso ante el Tribunal Supremo hasta tener garantías de que su anulación se encuentra dentro del ordenamiento jurídico.