Unanimidad para incrementar la red de centros que atienden la salud mental
Todos los procuradores de las Cortes de Castilla y León han aprobado este miércoles incrementar la red de centros públicos como centros de día, residencias abiertas y pisos supervisados para prestar una atención adecuada a personas con enfermedad mental, así como implementar programas de recuperación biopsicosocial e inserción laboral.
También han aprobado facilitar el acceso a personas con trastorno mental a la terapia psicológica mediante la incorporación de psicólogos a los equipos de Atención Primaria, tras una moción socialista en la que han sido rechazados el resto de puntos por el voto en contra de las bancadas de PP y Cs y la abstención del representante de Por Ávila, Pedro Pascual.
La moción presentada por el Grupo Socialista reclamaba elaborar la II Estrategia de Salud Mental y Psiquiátrica de Castilla y León en el plazo de seis meses, incrementar la plantilla de profesionales especializados en esta materia así como los centros públicos, y facilitar el acceso a terapia psicológica a personas con trastornos mentales.
La iniciativa también incluía la necesidad de impulsar y apoyar la investigación científica de las patologías mentales, poner en marcha campañas de sensibilización para evitar la estigmatización de personas con enfermedades mentales e iniciar programas específicos para los profesionales de la sanidad pública que han sufrido daño psicológico durante la pandemia.
El procurador socialista Diego Moreno ha denunciado la «falta de recursos y abandono de las instituciones públicas» en materia de salud mental, con una Junta que aplica métodos «del siglo pasado» basados en «internamiento y psicofármacos», manteniendo un plan que dice que caducó en 2007.
Sólo un teléfono
Ha lamentado que durante la pandemia, el ejecutivo autonómico tan solo implantara un teléfono de ayuda psicológica para afectados por la covid y seminarios destinados a profesionales sanitarios. El procurador del PP Alejandro Vázquez ha criticado que en España se destine el 5 por ciento del gasto sanitario a salud mental.