La ciencia se rebela en CyL

Asociaciones de jóvenes investigadores de Valladolid, León y Salamanca han criticado que la Junta de Castilla y León haya decidido no prorrogar el contrato a 150 científicos, por lo que anuncian movilizaciones al considerar que les han dejado «en la estacada».

Las tres asociaciones —nnova Salamanca, Iniciactiva de Valladolid y AIF-ULe de León— y representantes de la Universidad de Burgos se reunieron ayer con la viceconsejera de Universidades e Investigación, Pilar Garcés, y la directora general de Universidades e Investigación, Blanca Ares. Las representantes institucionales informaron de que la Junta «no prorrogará los contratos de cerca de 150 investigadores tal y como establece la ley de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19», han lamentado este jueves a través de una nota. Sin embargo, el Ministerio de Universidades, junto a instituciones académicas públicas, como la de Valladolid y la de Salamanca, y comunidades autónomas, como Galicia o Aragón, han decidido ya prorrogar estos contratos.

«Mientras tanto, la Junta de Castilla y León deja desamparados hasta a 150 investigadores a los que afecta esta medida. En concreto, cerca de 75 terminan sus contratos en el mes de julio», según aseguraron los científicos.

En la reunión con las representantes de la Junta, «han llegado a sugerir que los predoctorales continúen trabajando en sus tesis, ya que los programas de doctorado sí han prorrogado su periodo de matrícula», lo que supondría que «los investigadores trabajasen sin contrato y posiblemente en el paro».

Las asociaciones han mostrado su descontento ante las «excusas por falta de presupuesto de la Junta de Castilla y León» y afirmado que el ejecutivo autonómico «presume de apoyar la investigación pero abandona a quienes trabajan en ella en su día a día».

Por ello, los investigadores han urgido a la Junta a resolver el conflicto de los investigadores «especialmente por aquellos que terminan sus contratos en julio y se verán obligados a parar sus investigaciones o trabajar de forma precaria». Ante esta situación, estas asociaciones «planean movilizaciones con el objetivo de convencer a la Junta de que prorrogue sus contratos cuanto antes».

JUICIO AL CSIC

Mientras, la presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Csic), Rosa Menéndez, se escudó ayer en que eran los propios científicos y los técnicos territoriales los responsables de las medidas preventivas de sus proyectos en su declaración ante la juez que la investiga por una expedición mortal en la Vall d’Aran en la que fallecieron dos científicos, uno de ellos un biólogo salmantino de 39 años.

Según informaron fuentes jurídicas, Menéndez, junto a quienes eran responsables de riesgos laborales y recursos humanos del Csic, declararon jueves por videoconferencia ante la juez que investiga el accidente ocurrido en marzo de 2018 en el que dos miembros de una expedición científica que iban a recoger muestras del lago Redon murieron arrastrados por un alud y un tercero resultó herido.

La cúpula del Csic fue citada a declarar por orden de la Audiencia de Lleida ante las sospechas de que pudieron cometer un delito contra la salud y la seguridad de los trabajadores por la falta de medidas de prevención en la expedición mortal.

Además, en la causa está investigado el director del proyecto científico del lago Redon, quien poco antes de la salida de la expedición reclutó verbalmente a los dos fallecidos —que no tenían contrato con el Csic—, así como un delegado de la agencia estatal en Cataluña y los responsables de los servicios de prevención territoriales. En estos imputados descargaron ayer responsabilidades Rosa Menéndez y los otros dos investigados, quienes adujeron que la cúpula del Csic no tiene «capacidad» para controlar los riesgos y prevenciones de los proyectos de investigación de la agencia, teniendo en cuenta la gran cantidad de estudios que están en marcha en toda España.