Cuentas aconseja a la Junta incluir cláusulas sociales en contratos públicos

El Consejo de Cuentas ha fiscalizado la contratación de la Junta de Castilla y León y ha recomendado a la administración que incluya cláusulas sociales y medioambientales en los contratos del sector público para garantizar una contratación pública social y medioambientalmente responsable.

El Consejo de Cuentas ha entregado en el Parlamento autonómico el informe "Fiscalización del cumplimiento de la normativa relativa a la inclusión de cláusulas sociales y medioambientales en la contratación de la comunidad autónoma de Castilla y León, ejercicios 2018-2019".

El Consejo de Cuentas ha recordado, en una nota de prensa, que tanto la directiva europea sobre contratación pública como la normativa estatal con la Ley de Contratos del Sector Público, piden que toda contratación pública incorpore de manera transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales, siempre que guarden relación con el objeto del contrato.

En el ámbito autonómico, la Junta de Castilla y León estableció directrices vinculantes sobre la incorporación de aspectos sociales en la contratación y el objetivo de esta auditoría es verificar el cumplimiento de la legalidad en materia de cláusulas sociales y medioambientales en las distintas fases de los contratos.

Los trabajos efectuados se han centrado en verificar el cumplimiento de las obligaciones de información por los diferentes órganos de contratación; comprobar si la documentación preparatoria de la contratación incluye los objetivos o consideraciones sociales y medioambientales a satisfacer; y verificar el cumplimiento de las cláusulas sociales y medioambientales incluidas en los expedientes de contratación en las actuaciones preparatorias de la contratación, en su adjudicación y ejecución.

En 2018, la Junta adjudicó 2.655 contratos y en 2019 un total de 3.224 y la fiscalización se ha realizado sobre una muestra de 84 contratos, 28 adjudicados en 2018 y 56 en 2019.

En relación con la información sobre la inclusión de cláusulas sociales, el Consejo de Cuentas concluye que se incumple el procedimiento previsto por la Junta de Castilla y León para la elaboración por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades del informe relativo a la incorporación de aspectos sociales en la contratación y que además, el contenido de los datos que se reflejan en el informe revela incoherencias.

Sobre la documentación preparatoria del expediente de contratación y el pliego de prescripciones técnicas, el Consejo observa que ninguno de los expedientes analizados incluye cláusulas sociales dentro de la definición del objeto del contrato, ni se motiva la imposibilidad de introducirlas.

Tampoco se utiliza la posibilidad de incorporar innovaciones sociales o ambientales que señala la Ley de Contratos del Sector Público, y en ningún contrato la perspectiva de género constituye una característica técnica del objeto.

Sobre el contenido del pliego de cláusulas administrativas particulares se ha visto que en ningún contrato el órgano de contratación requiere a las empresas que posean aptitudes específicas en materia social o de igualdad de género y, por tanto, no se exige como requisito de solvencia que los licitadores acrediten experiencia y medios técnicos necesarios en las referidas materias.

En la resolución de adjudicación de los contratos se han tomado en consideración los criterios sociales y medioambientales establecidos en el pliego de condiciones, con los requisitos previstos y se ha aplicado la fórmula correspondiente.

Por último, en la fase de ejecución, en ningún contrato analizado consta que se certifique el cumplimiento de las obligaciones antes de dar la conformidad a las facturas.

Como consecuencia de las conclusiones del informe, el Consejo de Cuentas ha emitido tres recomendaciones.

Por una parte, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades deberá mejorar la obtención de datos para la elaboración de los informes sobre el grado de inclusión de cláusulas sociales en la contratación autonómica.

Por otra, se deberá garantizar el cumplimiento por los órganos de contratación, de la inclusión en los expedientes de contratación de aspectos sociales que guarden relación con el objeto del contrato o, en su caso, la motivación de su imposibilidad.

Finalmente, se recomienda a la Junta que incentive la utilización de medidas de tipo medioambiental en la definición de las características técnicas del objeto de los contratos y en sus requisitos de ejecución, favoreciendo en los criterios de selección y de adjudicación a las empresas respetuosas con la calidad ambiental.