Ibáñez: «Aplicar las 35 horas generaría más ineficiencias»
Presidencia remitirá a las Cortes este año la nueva Ley de Función Pública
El consejero de la Presidencia de la Junta, Ángel Ibáñez, pidió ayer a los sindicatos de la Función Pública «serenidad y responsabilidad» para abordar la recuperación de la jornada laboral de 35 horas para los empleados públicos, ya que «si a los pocos profesionales que tenemos, encima les recortamos el tiempo efectivo de prestación de servicio, estamos generando más ineficiencias».
En este sentido, puso como ejemplo el «momento convulso» que atraviesa el sector de la sanidad por la «falta de profesionales» y remarcó que, si a eso se agrega una merma del horario, habría más dificultad para dar cobertura a las necesidades de los ciudadanos. En la última de sus intervenciones ante la Comisión de Presidencia de las Cortes, entre reproches de la oposición por no haberse referido a este asunto en casi cuatro horas y media de intervención a pesar de ser uno de sus principales compromisos de legislatura, su «gran hito» según PSOE y Podemos, Ibáñez aseguró que este compromiso, que está pendiente de cumplir desde la anterior legislatura, no va a quedar «atrás» sino que mantienen la intención de cumplirlo, pero ha pedido a los sindicatos seguir con la «flexibilidad» mostrada durante la pandemia.
Recordó que este acuerdo con los sindicatos, alcanzado por el anterior presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en el final de la legislatura precedente, incluía una serie de parámetros económicos que «en estos momentos no se cumplirían» y añadió que el Gobierno de la Junta ofreció a los sindicatos comenzar a aplicar las 35 a partir de marzo de 2020 y fue rechazado (al entender que debía tener carácter retroactivo), por lo que convocaron una huelga general «que tuvo un seguimiento del 3 o el 4%».
No obstante, insistió en que en esta materia debe de haber una negociación «serena» para conseguir que sea una medida que pueda aplicarse a todos los empleados públicos, ya que «sería sencillo» hacerlo «en personal de oficina», pero defendió que se produzca de forma simultánea y «asociada a la nueva relación de puestos de trabajo». Puso en valor el trabajo de adaptación de la nueva Ley de Función Pública, cuyo texto está en fase de negociación colectiva y que se tramitará para que llegue a las Cortes antes de finalizar el año «para avanzar, mirar hacia adelante y lograr un modelo propio de organización y de gestión autonómica que sean ejemplo de liderazgo en el resto de España». Entre los compromisos a desarrollar destacó que se continuarán revisando los puestos que se proveen mediante el sistema de libre designación para reconvertir «muchos de ellos» en puestos de concurso específico y ordinario. Crea un marco jurídico «comprensible» y «ajustado» a la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y tiene en cuenta las peculiaridades del régimen jurídico.