CyL, Aragón y Castilla-La Mancha buscan reducir los costes laborales
Quieren aumentar el empleo y evitar la pérdida de población con bonificaciones y fondos UE
Manifestación convocada ayer por el movimiento por la sanidad pública de Zamora. MARIAM A. MONTESINOS
Las comunidades autónomas de Castilla y León, Castilla-La Mancha y de Aragón, con el objetivo de aumentar el empleo y evitar la pérdida de población, han planteado al Gobierno de España la posibilidad de reducir los costes laborales mediante bonificaciones compatibles las ayudas europeas a tal fin.
Las tres autonomías han secundado un informe elaborado por una consultoría en el que se explica la fórmula jurídica para articular las bonificaciones en los costes laborales en las provincias de Soria, Cuenca y Teruel, de acuerdo con las directrices de la Unión Europea (UE) sobre ayudas estatales de finalidad regional.
Este documento, que ya ha sido enviado al Gobierno de España, informa sobre el instrumento jurídico adecuado para que la UE valide las ayudas con el fin de que, según exige la Comisión Europea, no produzca efectos negativos sobre la competencia y el comercio.
Entre otras fórmulas para articular las ayudas, el texto propone la aplicación de beneficios sobre las cotizaciones a la Seguridad Social, en concreto sobre las aportaciones empresariales a las cuotas por contingencias comunes en el Régimen General, de forma que se establezca un tipo aplicable inferior al general.
De esta forma, el tipo de cotización empresarial por contingencias comunes en el Régimen General de la Seguridad Social, actualmente fijado en el 23,6 por ciento, podría reducirse en el importe correspondiente hasta alcanzar el 20 por ciento de los costes laborales.
En el caso de los trabajadores autónomos, el tipo de cotización por contingencias comunes es del 28,30 por ciento, que podría verse reducido del mismo modo hasta alcanzar como máximo el 20 por ciento de los costes laborales del trabajador por cuenta propia.
Mientras las ayudas sea compatibles con la normativa europea, tendrían carácter vitalicio y además no sería necesario que las empresas tuvieran su domicilio social o la totalidad de sus centros de trabajo en la zona asistida.
No obstante, sí se exigirá la inclusión de los trabajadores en el Código de Cuenta de Cotización específico de la empresa en dicha provincia y que residan ahí, fijándose un mínimo de 183 días en el año natural de permanencia y siendo requisito necesario su empadronamiento.
Este régimen, que también podría extenderse a zonas con una densidad de población inferior a los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, propiciaría la atracción y la consolidación de empresas en las que el peso de los costes laborables sea considerable frente a otros factores de producción.
La consecuencia, según las mismas fuentes, sería la creación o el mantenimiento del empleo en estos territorios para contribuir a frenar su creciente despoblación.