La ley de Transparencia obligará a los ayuntamientos e incluirá sanciones
CyL tendrá la única norma de España con régimen más favorable para las entidades locales
Francisco Igea con el director general de Transparencia. R.G
La futura Ley de Transparencia, acceso a la información pública y su reutilización de Castilla y León establecerá más obligaciones, será más exigente, incluirá a las entidades locales y contemplará sanciones tanto económicas como incluso el cese de altos cargos que incumplan reiteradamente sus obligaciones en este sentido. Así se recoge en el anteproyecto de esta ley, aprobado este jueves en el Consejo de Gobierno de la Junta y cuyos detalles ha explicado el director general de Transparencia, Joaquín Meseguer, en la rueda de prensa en la que el portavoz de la Junta, Francisco Igea, ha dado a conocer los acuerdos adoptados por el Ejecutivo autonómico.
Precisamente Igea, titular de la Consejería de Transparencia, ha asegurado que es un día «muy especial» por haberse trabajado «mucho» para llegar a este punto en el que la transparencia llega a todos, tanto a administraciones como a empresas públicas pero también privadas y, en definitiva, a todo aquel que haya recibido dinero público —más de 50.000 euros o 5.000 si supera el 40 por ciento de su presupuesto—. Además, también afecta a las Cortes de Castilla y León.
La ley contempla varias novedades, una de ellas la inclusión de las entidades locales en su ámbito de aplicación, dado que en la ley actual las deja fuera, y ha destacado la importancia del peso de la administración local en Castilla y León, donde se encuentra la cuarta parte del total del país. Sin embargo, su tamaño y recursos determinan que el régimen jurídico a aplicar serán «más favorables» que a otros organismos, fundamentalmente a los de menos de 5.000 habitantes, que suponen el 97 por ciento en la Comunidad, que será la que tenga una ley de transparencia con tratamiento más favorable a las pequeñas y medianas entidades locales.
APOYO DE LA JUNTA
Estos municipios serán los que decidirán qué contenidos, algo que se tendrá que aprobar en pleno y previa consulta a los vecinos. Además, el plazo de actualización de contenidos se efectuará semestralmente, dos veces al año, salvo en aquellos casos en los que otra norma establezca frecuencias mayores o menores de actualización. Con el objetivo de facilitar esta tarea, existirán plazos holgados de entrada en vigor de la norma —un año desde la publicación de la ley, en este caso para todos los municipios de menos de 20.000 habitantes—, y la Junta prestará apoyo formativo pero también ultima un portal de transparencia para las entidades locales que será gratuito para ellas y de muy fácil manejo. Para mejorar la gestión de la información pública de la Administración autonómica, se crea un catálogo de información pública para identificar quiénes son los responsables de publicar cada información y los plazos de actualización. Además, incorpora aquellos contenidos que se ha comprometido voluntariamente a publicar cada uno de los órganos y unidades.
En el articulado del proyecto de ley se enumeran todos aquellos contenidos que se considera que tienen relevancia suficiente como para configurar verdaderas obligaciones de publicidad activa, una relación que no está cerrada dado que en la ley existe un mandato dirigido a quienes promueven la aprobación de normas a nivel autonómico para que incorporen nuevas obligaciones de publicidad al aprobar nuevas normas. También es destacable que la ley atraiga a su ámbito de aplicación a un mayor número de beneficiarios de ayudas y subvenciones.