Castilla y León inyecta 8 millones a sus pueblos contra la pobreza energética

La Junta de Castilla y León inyectará 8 millones más a municipios y diputaciones para ayudas de emergencia contra la pobreza energética, ante la escalada del precio de la electricidad, que se suman a los otros seis millones que en forma de ayudas directas de 130 euros llegaran a 45.000 personas vulnerables antes de final de año para pagar la luz o la calefacción.

Serán cuatro millones de euros este año y otros tantos en el 2022 dirigidos a una línea específica para los gastos de energía -luz, calefacción o gas- que se dirigen a cualquier familia que en un momento puntual requiera de una ayuda para poder pagar esos suministros, con un máximo de 3.000 euros, ha detallado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, en rueda de prensa.

Son ayudas de emergencia que ya existían, con casi 3.000 familias y más de 1,2 millones invertidos el año pasado, pero que la escalada del precio de la electricidad ha llevado a reforzar, ha precisado Blanco.

Estas ayudas de emergencia se tramitan a través de los Centros de Acción Social, los CEAS, de los municipios, y tienen un plazo de resolución de entre una semana o díez días, aunque este viernes se ha pedido a las instituciones locales que se agilice al máximo.

La otra medida para hacer frente a la pobreza energética es la ayuda directa ya anunciada por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de 130 euros, que sin ningún tipo de trámite previo comenzarán a recibir en las próximas semanas los más vulnerables de la Comunidad, los que tienen pensiones mínimas o reciben la renta garantizada de ciudadanía, que son unos 45.000 en la Comunidad.

Ese desembolso se hará antes de fin de año y responde a la incertidumbre por la falta del bono térmico del Gobierno central, que este año no se ha convocado por un problema judicial, en cuanto que el Constitucional que cree que es competencia de las comunidades su gestión.

En Castilla y León eran 90.000 las familias que se beneficiaban de ese bono térmico, por lo que la Junta ha actuado para poder llegar a las 45.000 que más lo necesitan.

Las ayudas de emergencia contra la pobreza energética que tramitarán las entidades locales, con un 50 por ciento de los fondos de acuerdo a los criterios del Acuerdo Marco de los Servicios Sociales y el resto en función de las ayudas que se hayan tramitado otros años, son compatibles con las que puedan sacar los municipios y diputaciones.

La consejera, que ha comunicado este viernes a las entidades locales esos nuevos fondos, les ha pedido que haya coordinación para no solapar las ayudas y que lleguen al mayor número de personas que lo necesiten.

Las ayudas oscilan entre los 1,3 millones de euros que recibirá el Ayuntamiento de Valladolid entre 2021 y 2022; con 637.000 euros el de Salamanca, 623.000 el de Burgos; con 480.000 la Diputación de Valladolid o 456.000 la de León.