La nueva RGC obligará a perceptores del IMV a escolarizar a los menores
El 95% de los perceptores del Ingreso ha abandonado itinerarios de empleo y sube el absentismo
La consejera de Familia, Isabel Blanco. EFE
La nueva ley de Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) obligará a los perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que cobran el complemento autonómico a una vinculación social y laboral que supondrá el seguimiento de itinerarios de empleo y la escolarización de menores.
Así lo ha adelantado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, tras presidir en Valladolid una reunión con los agentes económicos y sociales del Diálogo Social dentro de la Mesa dedicada a la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), donde se ha defendido como posición común la necesidad de reformular esta prestación autonómica para que, en su convivencia con el IMV no se aleje del fin con el que fue concebida, que supone conducir a sus beneficiarios hacia la inserción social y laboral efectiva, algo que se ha constatado está ocurriendo.
La consejera ha señalado que con esta reunión se cumple con el mandato del Diálogo Social y empiezan los trabajos para la nueva RGC y esperan llegar a un acuerdo en el plazo de un mes o mes y medio para dar traslado al mismo y su tramitación.
Blanco ha recordado que tras la puesta en marcha del IMV se decidió, en el seno del Diálogo Social y de acuerdo con el Tercer Sector, complementar con una prestación la cuantía que percibían perceptores de RGC y quedaban por debajo del IMV, lo que ha supuesto una cuantía media de 235 euros a estas personas, que ahora perciben el ingreso estatal, y que son 2.222 de los 6.937 ciudadanos que han pasado de la RGC al IMV.
Unido a esto, la Junta se ha visto obligada a comprobar los expedientes de RGC y a pedir la devolución de cuantías como consecuencia de las últimas revisiones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre prestaciones del IMV ya otorgadas, por las que se están recortando a la baja cuantías con efectos retroactivos.
Así, un año y medio después de la entrada en vigor del IMV y de su convivencia con la prestación económica, se ha constatado que el 95 por ciento de las casi 7.000 personas que han pasado a percibir el IMV en lugar de la RGC han abandonado el itinerario formativo o el contrato de trabajo que se les había ofrecido, dado que esta renuncia no implica la pérdida de este ingreso, a diferencia de lo que ocurre con el autonómico.
Asimismo, se está observando un incremento del absentismo escolar entre los hijos de los antiguos perceptores de RGC producido por el mismo motivo, el hecho de que la no asistencia a clase de los menores no implica la pérdida de la prestación. Estas casi 7.000 personas que perciben el IMV son una parte de las 15.886 familias que reciben el IMV en Castilla y León —sólo el 31 por ciento de las que lo han solicitado—. Isabel Blanco ha insistido en que la RGC nació con la intención de garantizar un mínimo de ingresos a los ciudadanos en situación de exclusión social y fomentar su inclusión social y laboral. Sin embargo, esta situación no se asegura con el IMV, motivo por el que, en coincidencia con los agentes sociales y económicos que han participado en la mesa, se considera necesario reformar la RGC con el objetivo de mantener la vinculación a la escolarización de los menores y al seguimiento de un itinerario de empleo.