El PSOE acusa al Gobierno central de forzar la negociación del traspaso de la gestión de Justicia
El secretario general del PSCL, Angel Villalba, aseguró ayer que el Gobierno central está «intentando forzar» el traspaso de la gestión de la Justicia a las comunidades autónomas gobernadas por el PP, para hacerlo sin evaluar los medios materiales y humanos. Villalba, que se reunió en Burgos con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis de Pedro, para conocer las necesidades de la justicia, advirtió que el PSCL «no permitirá» al asunción de competencias sin una adecuada valoración y que supongan «un menoscabo para la función pública». A su juicio, este intento de forzar a las comunidades afines políticamente al Ejecutivo que preside José María Aznar para aceptar estas transferencias se quiere realizar para atender «los propios intereses» del Gobierno, «por encima incluso de los intereses generales de los ciudadanos». Villalba recordó que las transferencias en materia de Sanidad se asumieron con déficit y afirmó que el Gobierno está recortando partidas presupuestarias de Justicia, hasta el punto de que está ralentizando la aplicación del «Pacto por la Justicia» suscrito a nivel nacional con el PSOE. Precisó que se debe rechazar cualquier propuesta que suponga un déficit de medios humanos y materiales y una carencia de infraestructuras y exigió que no se negocie en situación de «inferioridad política». Angel Villalba exigió en la negociación sobre las transferencias una adecuada previsión de obras y construcciones, la creación de ciudades de la justicia para evitar la dispersión de los juzgados, mayores dotaciones materiales y humanas, creación de juzgados de proximidad, potenciación del arbitraje, creación de la oficina de asistencia a víctimas de delitos y habilitar los medios para aplicar correctamente la Ley del Menor. Asimismo propuso la creación de 24 nuevos juzgados y el desdoblamiento del Tribunal Superior de Justicia para crear una nueva Sala de lo Contencioso Administrativo en León que atienda al oeste de la comunidad. Para el secretario regional de los socialistas, Castilla y León, como comunidad «madura», debe asumir, incluso antes de 2004, las competencias en materia de gestión de la Justicia, pero «siempre salvaguardando sus intereses y sin plegarse a los criterios del Gobierno».