Populares y socialistas siguen discrepando en horarios comerciales aunque consensúan el 84% de la ley
El PSOE pide que si las tiendas abren los domingos cierren otra jornada
Los grupos mayoritarios del PP y el PSOE consensuaron ayer en las Cortes el 84% de la nueva Ley de Comercio, con acuerdo en 53 de los 63 artícu
Alonso también reclamó impulsar el Consejo de Comercio como «órgano crítico constructivo» que elabore un informe anual sobre el estado del sector, una mayor regulación de algunas prácticas «aventureras» como las ventas con pérdida o por subasta, y un mayor control de los mercadillos. Reconoció no obstante que en el proceso de diálogo con el grupo popular «se ha mejorado» el texto con la inclusión de la prohibición de venta en establecimientos no comerciales, la puesta en marcha de un servicio regional de la competencia, el endurecimiento de las condiciones para la instalación de nuevas superficies y las de descuento duro. En la negociación del proyecto de ley los grupos llegaron a un acuerdo en 22 enmiendas formuladas por el PP, 12 del PSOE, cuatro de Izquierda Unida y una de Tierra Comunera, así como dieciséis transaccionales, según explicó ante el plenario el ponente popular en esta normativa, Javier Marqués. Marqués agradeció el importante trabajo realizado durante seis meses y rebatió las 14 enmiendas mantenidas por el PSOE, que a su juicio o «no aportaban nada al texto o lo complicaban creando dudas e incertidumbres». Tasa de inspección Expuso la posible «inconstitucionalidad» de la tasa de inspección planteada por Alonso, mientras que en horarios recordó que se ha pasado de «un régimen tutelado de otras épocas a la libertad plena actual». El procurador de IU Antonio Herreros subrayó que en esta ley «ha primado el acuerdo mayoritario» y se «ha soslayado a otros grupos», y aunque retiró 17 enmiendas mantuvo otras 23 que reclamaban una mayor presencia de la Junta de Castilla y León ante casos de distribución de alimentos de primera necesidad y posible acaparamiento de productos. También propuso una mayor claridad en las ofertas, rebajas y saldos, una regularización de las ventas ambulantes por parte de los ayuntamientos o que en las ventas a domicilio figure la sede social.