Quiñones ataca al PSOE por cerrar minas y asfixiar a León
El candidato del PP defiende que fue una decisión «precipitada»
El cabeza de lista del PP por León a las Cortes de Castilla y León y consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, acusó ayer al Gobierno del socialista Pedro Sánchez de haber cerrado minas y centrales térmicas en esta provincia de manera «prematura y precipitada» cuando había que haberlas mantenido hasta el 2030. En las declaraciones que el candidato realizó durante su visita a las localidades leonesas de La Pola de Gordón y La Robla, recalcó que el cierre del sector minero y las infraestructuras energéticas se realizó de «una manera abrupta, sin alternativas y sin ningún tipo de transición, a pesar de que el Gobierno dispone de fondos europeos para la reindustrialización».
Una situación que, como reprochó, ha sumido en una crisis sin precedentes a las comarcas leonesas sin que «hasta la fecha el Gobierno de Sánchez haya hecho nada».
Frente a lo que consideró como incapacidad del Gobierno, el candidato popular subrayó la labor de la Junta de Castilla y León, que preside Alfonso Fernández Mañueco, que, según destacó Quiñones, ha reaccionado con una política de reindustrialización que ha traído a El Bierzo y al polígono industrial de Villadangos importantes empresas.
Unas políticas a las que sumó el proyecto para la construcción de un circuito de BTT en la Montaña Central Leonesa, que contará con más de 300 pistas tras realizar una inversión de 1,2 millones de euros que ya se está ejecutando y que «traerá actividad económica a toda esta comarca». Asimismo, Suárez-Quiñones se mostró muy crítico con la UPL a la que acusó de «callar sobre los incumplimientos de su pacto de Gobierno con el PSOE en la Diputación de León».
«El PP lucha por León, no con eslóganes ni banderas sino con inversiones», concluyó el candidato del PP, que presenció por la tarde el partido entre el Atlético Bembibre y el Real Ávila. En su programa destacan para el medio rural las subvenciones de hasta el 75% del alquiler y el 20% de la compra de vivienda joven» como una herramienta para fijar población en las áreas más deprimidas demográficamente.