El juicio por la ‘Perla Negra’ comienza este lunes y se prolongará durante veintitrés días
Las peticiones de penas de la Fiscalía llegan a 138 años de prisión para 17 personas
La Audiencia de Valladolid sentará en el banquillo desde mañana, 14 de marzo, a los 12 encausados por el denominado caso de ‘La Perla Negra’, en un proceso que se prolongará durante veintitrés días, hasta el 29 de abril del próximo año. Se da la circunstancia de que tres de los procesados, el exviconsejero de Economía, Rafael Delgado, y los empresarios Francisco y Alberto Esgueva y José Martín Giraldo, figuran también inmersos en la denominada ‘trama eólica’, en la que Fiscalía pide para los 17 presuntos implicados penas que suman 138 años de prisión.
En la ‘Perla Negra’ se investigan delitos relacionados con la compra del referido inmueble y de terrenos para el fallido polígono de Portillo, en el que figuran imputadas doce personas.
Las distintas sesiones, a semejanza de otros juicios multitudinarios, será transmitido vía streaming por falta de espacio en la sala, habida cuenta del elevado número de acusados pero sobre todo de testigos y peritos, hasta un total de 90. Entre los primeros figuran el que fuera presidente de la Junta Juan Vicente Herrera y la exconsejera de Economía y Hacienda y hoy portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valladolid, Pilar del Olmo.
Las peticiones de cárcel oscilan entre los 79 en su conjunto que pide Fiscalía para los doce imputados, los 221 interesados por el Partido Socialista de Castilla y León, como acusación popular, y los 20 años que globalmente pide la Junta, en calidad de acusación particular, para ocho de los encausados.
En el caso de la Fiscalía, las penas más elevadas se solicitan para la entonces cúpula de la Consejería de Economía integrada por los viceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández y el exconsejero delegado de Gesturcal, Juan Carlos Sacristán, a razón de 11 años de privación de libertad para cada uno de ellos.
En su escrito, la acusación pública imputa al primero de ellos un delito continuado de prevaricación, otro de revelación de secretos en concurso con otro de tráfico de influencia y un delito continuado de malversación de caudales, mientras que a los otros dos les considera autores de un delito continuado de revelación de secretos y de otro continuado de malversación. Por ello, a mayores de las referidas penas privativas de libertad, interesa para el primero su inhabilitación por espacio de 29 años y de 20 para los otros dos.
Tales operaciones, a juicio de Fiscalía, fueron realizadas por parte de una empresa pública de la Comunidad de Castilla y León y propiciados desde la cúpula de la Consejería de Economía y Empleo, de la Junta, cuando era titular de la misma el fallecido Tomás Villanueva.