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El grupo Mixto irá al Constitucional si hay recorte a su acción política

Publicado por
León

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Los tres partidos que integran el nuevo Grupo Mixto —Unidas Podemos, Ciudadanos y Por Ávila— tienen un acuerdo para que, en caso del anunciado recorte de gasto a los grupos parlamentarios por parte de la Presidencia de las Cortes afecte a su acción política, lo llevarán al Tribunal Constitucional al entender vulnerados sus derechos.

Así lo anunicó ayer el nuevo portavoz del Grupo Mixto, Pablo Fernández (Unidas Podemos), y el portavoz adjunto, Francisco Igea (Cs), que irán alternando funciones cada periodo de sesiones, tal y como establece el reglamento interno del grupo que han registrado en el Parlamento autonómico.

A expensas de que la Mesa de las Cortes, a propuesta del PP y Vox, concrete en la próxima Junta de Portavoces sus intenciones respecto al recorte de gastos parlamentarios, Igea lamentó la «paralización absoluta» de la Cámara y ha confiado en que merma no suponga también una disminución de los derechos políticos de los grupos.

«No estamos hablando del sueldo que se han subido en la Mesa de las Cortes...», avisó Igea antes de calificar ese incremento reatificado por la actual Mesa como «un poquito indignante», sino sobre la capacidad de los grupos parlamentarios de hacer su labor.

Igea reconoció que hay margen para disminuir el gasto innecesario en las Cortes y ha propuesto bajar la asignación a los portavoces parlamentarios para que no ingresen más que los consejeros o el propio presidente de la Junta, Igea añadió que el Grupo Mixto no va a «tolerar de ninguna de las maneras un recorte» en su capacidad de acción política. «Esperamos que no suceda», apostilló.

En el mismo sentido, Pablo Fernández confió en que «impere la sensatez» y la Mesa permita al Grupo Mixto ejercer su «obligación y deber político, que es trabajar por la ciudadanía».

«Si se atenta contra nuestros derechos, estamos dispuestos a acudir al Constitucional», resumió Fernández, quien declaró que la constitución del Grupo Mixto con los tres partidos políticos no ha implicado dificultades por la voluntad de sus integrantes y supone una «decisión de responsabilidad al no agotar los plazos».