El 62% de los contratos que la Junta firmó en 2020 corresponden a Sanidad

El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, ha presentado este lunes en la Comisión de Economía de las Cortes tres auditorías, uno de ellos sobre contratación administrativa de la Junta en 2020 que pone de manifiesto que se realizaron 13.798 contratos menores, por un importe de 70 millones y 3.390 contratos no menores por 960 millones de euros.

El mayor volumen de contratación corresponde a la Gerencia de Salud, con el 62 por ciento del total, 11 puntos porcentuales más que en los dos años previos al inicio de la pandemia, tras lo que se sitúa la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, que representa el 13 por ciento frente al 18 por ciento de los dos ejercicios anteriores.

Asimismo, en 2020, primer ejercicio afectado por la pandemia, en cuanto al procedimiento de adjudicación, los contratos negociados sin publicidad representan el mayor volumen del importe, un 42 por ciento del total, seguidos de los formalizados mediante de procedimiento abierto, un 40 por ciento; mientras que otras formas de adjudicación suman el 18 por ciento restante.

Además, durante 2020 se tramitaron de forma ordinaria 2.523 expedientes; 820 mediante tramitación de emergencia y 47 de urgencia.

Otra de las fiscalizaciones presentadas por Mario Amilivia es sobre cumplimiento de la normativa sobre inclusión de claúsulas sociales y medioambientales en la contratación en los ejercicios 2018 y 2019 y desde el Consejo de Cuentas se hace una serie de recomendaciones como a la Consejería de Familia, que deberá mejorar la obtención de datos para la elaboración de los informes sobre el grado de inclusión de cláusulas sociales en la contratación autonómica y deberá garantizar el cumplimiento por los órganos de contratación, de la inclusión en los expedientes de contratación de aspectos sociales. Asimismo, desde el Consejo de Cuentas se recomienda a la Junta adoptar medidas tendentes a incentivar la utilización, por los órganos de contratación, de medidas de tipo medioambiental en la definición de las características técnicas de los contratos y en sus requisitos de ejecución y favorecer en los criterios de selección y de adjudicación a las empresas respetuosas con la calidad ambiental.

El tercer informe presentado por Amilivia aborda la fiscalización de los convenios celebrados por la Comunidad durante los ejercicios 2018 y 2019.

Al respecto, el informe concluye que la Junta «cumple razonablemente» la obligación de remisión de convenios al Consejo de Cuentas, en los términos contemplados en la normativa, pero no así las universidades públicas.

Además, el Consejo ha recomendado a la Junta de Castilla y León que elabore una normativa propia que regule la figura de los convenios, adecuando sus normas a las disposiciones establecidas en la normativa estatal

Según ha detallado el Consejo de Cuentas la primera vez que el Consejo dedica un informe específico a este tipo de acuerdos.