Mañueco garantiza el respaldo de la Junta al Consejo de Cuentas
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, subrayó ayer el respaldo de su Gobierno al trabajo del Consejo de Cuentas de la Comunidad durante la conmemoración de su XX Aniversario y dijo que ha tomado nota del mensaje de su presidente, Mario Amilivia, acerca de la «posible valoración de reformas para reforzar su autonomía».
En el acto, Amilivia aludió a la necesidad «inaplazable» de una reforma que impulse el funcionamiento de este consejo. El presidente de la Junta defendió el trabajo fiscalizador de esta entidad, una función que se ha multiplicado «por seis» en los últimos años, y por todo ello señaló que el Gobierno de Castilla y León seguirá «respaldando» y «apoyando en las decisiones» al Consejo de Cuentas para que pueda «seguir el avance en el día a día de su gestión».
Sobre la posibilidad de reformar la normativa, Mañueco incidió en que se debe buscar «reforzar la autonomía no óolo orgánica sino funcional que estimule la fiscalización de los órganos públicos». También valoró la opción de potenciar la conexión con el actual consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, aunque apuntóque ya se había profundizado en esta relación desde la etapa de su predecesor, el también ‘popular’ Angel Ibáñez, quien estaba presente entre el público.
Amilivia reivindicó el esfuerzo en el trabajo de las instituciones propias durante los últimos años y agradeció la presencia de Fernández Mañueco, que se produce después de que Vox, su socio en la Junta, calificara estos organismo de «gasto superfluo» y apostara por su eliminación.
Sobre esta cuestión, Mañueco dijo que la labor que hace es «verificar con extremo rigor el uso correcto los recursos públicos», algo en lo que subrayó que coinciden todos los representantes públicos, de modo que insistió en «afianzar esos mecanismos de control de fiscalización», para «seguir en una democracia consolidada».
El presidente de la Junta también añadió que el trabajo del Consejo de Cuentas ayuda a los responsables públicos a mejorar «cada vez más» su gestión, pues «una actuación depurada evita que los tribunales tengan que intervenir».