ESPAÑA VACIADA
Castilla y León, Asturias, Extremadura y Galicia, las CCAA que más población han perdido en los últimos diez años
Imagen de archivo de los efectos de la despoblación en el medio rural. JESÚS F. SALVADORES
Castilla y León, Asturias, Extremadura y Galicia han sido las comunidades autónomas que más han acusado la pérdida de población en los últimos diez años frente a Baleares, que ha visto incrementada su población en más de un 10% en el mismo período.
Son datos que ha ofrecido el Gobierno en una respuesta parlamentaria a Vox en el Congreso, que se interesaba por los territorios españoles que están experimentando un mayor descenso de su población en los últimos años.
En su respuesta, el Gobierno asegura que nueve comunidades autónomas han experimentado una pérdida de población, sin especifcar el nombre de todas las regiones, aunque confirma que Castilla y León, Asturias, Extremadura y Galicia han acusado más esta 'sangría' poblacional.
Sin embargo, el Ejecutivo no aporta cifras concretas de esta pérdida de población, aunque sí que hace referencia a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) para asegurar que la población en España ha crecido un 1,3% entre el 2012 y 2022.
En este contexto, señala que la tendencia positiva de crecimiento poblacional a nivel nacional no ha sido generalizada ya que, mientras este nueve comunidades autónomas han perdido habitantes, otras, como Baleares, han aumentado su población en más de un 10% en el mismo período.
En los pequeños municipios
Del mismo modo, el Gobierno también destaca que la tendencia no ha sido líneal y que en los últimos años se ha registrado un cambio en los parámetros de movilidad de la población en el territorio, acentuados desde 2020 por la pandemia del Covid.
Así, asegura que más de 4.000 pequeños municipios han registrado un saldo residencial positivo desde 2018, mientras que, en sentido inverso, las grandes ciudades han experimentado la salida de población hacia otros territorios de menor densidad.
Para combatir este fenómeno de la despoblación, el Gobierno apela a una respuesta común de todas las administraciones y la colaboación público-privada.