El Consejo de Cuentas presenta un Plan con 29 nuevas auditorías sobre los pilares competenciales de Castilla y León

El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, presentó esta tarde el Plan Anual de Fiscalizaciones para este año ante la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento autonómico a los efectos de su preceptiva aprobación ya que esta es la única institución de control externo de España que no aprueba autónomamente su programa anual de trabajo al ser competencia última de las Cortes.

Un Plan de trabajo con 29 nuevos informes que prioriza una “orientación constructiva con sentido de Comunidad”, poniendo de relieve la importancia que para el futuro de Castilla y León tienen la educación, la adecuada financiación del gasto social, la política sanitaria, la innovación, la sociedad digital, la igualdad de oportunidades, el medio ambiente y el papel fundamental de la administración local en la vertebración territorial.

En definitiva, subrayó Amilivia, un Plan con orientación constructiva sobre los fundamentos competenciales de Castilla y León, abordando asuntos que explican la razón de ser de esta comunidad autónoma. Remarcó en esta línea que las fiscalizaciones programadas garantizan un control permanente del sector público mediante el constante seguimiento de las recomendaciones que efectúa el Consejo a través de su informe anual, el último de los cuales dejó constancia de un grado de aceptación del 75% por parte de los entes fiscalizados.

Al inicio de su intervención, el presidente del órgano autonómico de control externo recordó que desde su anterior comparecencia del pasado 17 de octubre hay 21 auditorías pendientes de presentación, por lo que apeló a la “colaboración necesaria” de la Comisión para superar en los próximos meses esta “acumulación coyuntural” y “volver a poner al día la presentación de nuestros informes”.

Explicó también que esta primera comparecencia del año tiene lugar con el actual Pleno del Consejo en funciones, una vez cumplido el periodo de mandato de 4 años legalmente establecido para los consejeros el pasado 23 de enero, actuando en funciones con plena normalidad. Cuatro años en los que se han aprobado -precisó- 95 informes, que representan el 35% de los 268 elaborados en los 20 años de esta institución, una etapa en la que ha comparecido en 32 ocasiones en el Parlamento presentando los resultados de un trabajo constante de control externo en aras de la transparencia y la garantía de la calidad democrática en la gestión del sector público autonómico y local de nuestra Comunidad”.

Teniendo en cuenta los 21 informes pendientes de su presentación en el Parlamento, los 20 que están en elaboración y los 29 que integran el proyecto del Plan Anual de Fiscalizaciones 2023, son en total 70 los informes que tramita el Consejo. Dada la excepcionalidad de no poder aprobar autónomamente su programa anual de trabajos, el Consejo de Cuentas elabora planes anuales de gran amplitud y contenido, advirtiendo siempre que su ejecución supera el año natural con el fin de poder mantener la actividad normalizada ante cualquier eventualidad ajena a su ámbito de decisión.

Los trabajos presentados esta tarde son 28 fiscalizaciones de carácter legal y especial, más el informe anual de seguimiento de las recomendaciones. El Plan recoge también las 20 fiscalizaciones procedentes del programa de 2022, cuya finalización se proyecta para este año.

Las cuatro fiscalizaciones legales proyectadas (Cuenta General de la Comunidad 2022, Expedientes justificados al Fondo de Compensación Interterritorial, Contratación administrativa celebrada en el ámbito de la administración general e institucional de la Comunidad Autónoma, ejercicio 2022 e Informe anual sobre las cuentas del sector público local de Castilla y León del 2022) permiten una visión amplia y homogénea de las grandes líneas de la gestión de las administraciones autonómica y local de la Comunidad, consiguiéndose además la comparabilidad de los datos y su análisis evolutivo para un mejor conocimiento de las políticas públicas y su ejecución.

En cuanto a las 24 fiscalizaciones de carácter especial, 6 corresponden al ámbito de la Comunidad y 18 al ámbito local. En el autonómico el Consejo viene haciendo un especial seguimiento del gasto social. Además de la fiscalización financiera en elaboración sobre la Gerencia Regional de Salud, se incluyen tres auditorías sobre educación referidas al gasto de personal en las universidades públicas, los gastos de funcionamiento de los centros de ESO y la digitalización del sistema educativo.

Por otra parte, el análisis de la gestión del programa de Deuda Pública incluye la relación del endeudamiento con el sistema de financiación y con los principales gastos de la Comunidad, como son la sanidad y la educación. Una auditoría que actualiza y amplía el propósito de la fiscalización sobre el análisis del endeudamiento incluida en el Plan Anual de 2022 con el objetivo adicional de estudiar los efectos de la infrafinanciación de los servicios públicos sobre la deuda pública de la Comunidad, especialmente en materia de sanidad y educación, así como la relación existente entre la suficiencia del modelo de financiación autonómica y el incremento del endeudamiento.

También se incide en la gestión de la deuda pública en el ejercicio 2023 de acuerdo con el análisis económico financiero de Castilla y León. En este ámbito autonómico se actualiza la fiscalización de la estrategia de investigación e innovación de especialización inteligente para incluir en el análisis el diseño de la aprobada recientemente, en un contexto marcado por la pandemia y el impacto socioeconómico de esta.

Este año, refirió Amilivia, se verá reflejada nuevamente la importancia que el Consejo concede a la Administración local en una Comunidad de gran extensión y dispersión poblacional, que cuenta con cerca de 5.000 entidades entre diputaciones, ayuntamientos, juntas vecinales y mancomunidades.

Dentro del ámbito local se profundiza en el análisis provincializado de la prestación de servicios y asistencia a los pequeños municipios por parte de las diputaciones y del Consejo Comarcal de El Bierzo, ahondándose también en el funcionamiento de las mancomunidades. El Consejo incidirá en la importancia de la prestación de servicios como medio de mantener la actividad en los municipios por lo que se propone fiscalizar los contratos de prestación de servicios de ayuda a domicilio por las diputaciones, así como los de transporte colectivo urbano de los ayuntamientos de Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora.

Además, anotó Amilivia, se incluyen tres fiscalizaciones específicas de seguimiento de las recomendaciones referidas a los ayuntamientos de Palencia, Burgos y Ávila que buscan poner de relieve la mejora de la gestión de las entidades locales y la función del Consejo como herramienta facilitadora de cambios positivos.

Como novedad se incorpora una auditoría sobre el cumplimiento por parte de los municipios de mayor población de la normativa en planes de igualdad que eviten cualquier tipo de discriminación laboral.

Finalmente, se incluyen en este Plan dos fiscalizaciones enmarcadas en la coordinación con el Tribunal de Cuentas y el resto de los órganos autonómicos de control externo. La referida a la digitalización del sistema educativo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y otra sobre las medidas de ahorro energético adoptadas por determinados municipios.

Amilivia subrayó la evaluación de políticas públicas a través de las llamadas auditorías operativas de gestión, que en esta programación anual orienta la mayoría de las fiscalizaciones especiales. Posibilitándose así una revisión independiente, objetiva y fiable que no cuestiona las decisiones políticas, pero sí examina la utilización de recursos disponibles en relación con el cumplimiento de los objetivos, aportando recomendaciones desde una visión constructiva.

El procedimiento de elaboración del Plan ha sido, como es característica de este mandato, consensuado, aprobado por unanimidad; realizado por los técnicos de la institución y propuesto por cada uno de los tres departamentos que conforman el Consejo de Cuentas.