La Junta pide una financiación acorde con el territorio y una fiscalidad diferenciada
Juan Carlos Suárez-Quiñones ha participado en la mesa redonda titulada ‘ La acción de las comunidades autónomas frente al reto demográfico’ , dentro del programa del IV Congreso Nacional de Despoblación y Reto Demográfico, que ha organizado la Federación Española de Municipios y Provincias con el objetivo de evaluar cuánto y cómo han hecho en materia de reto demográfico las instituciones y plantear nuevas líneas de actuación para «convertir despoblación en oportunidad». El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio reconoció que los datos sitúan a Castilla y León — la región más extensa de España y la tercera de Europa, con 95.000 kilómetros cuadrados, 2.248 municipios, casi 7.000 entidades locales de población— con un «importante riesgo de despoblación», donde tres de cada cuatro entidades locales tiene menos de 500 habitantes, y una de cada tres tiene menos de 100 habitantes. Suárez-Quiñones también señaló que la expectativa de vida en Castilla y León es alta, por encima de la media, lo que conlleva un efecto de envejecimiento de la población, que con unas tasas de natalidad bajas dan lugar a un crecimiento vegetativo favorable. Diagnóstico propio de varias comunidades en España, como »las ocho CCAA que estamos en el Foro de Regiones Españolas con Desafíos Demográficos, que en el año 2017 llevamos a la VI Conferencia de Presidentes autonómicos la necesidad de abordar la despoblación como política de Estado, con una estrategia nacional y, por tanto, como un compromiso de todos, sumando las iniciativas del Gobierno y las comunidades autónomas».
El consejero entiende que en estos momentos «no podemos estar solas las comunidades autónomas, dado que los servicios que prestamos desde autonomías muy extensas, de población dispersa y envejecidas, han de satisfacerse con otro marco de financiación autonómica», abogando por lo que ya pidió el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en 2017, como es un pacto de Estado en el que se adapte la financiación autonómica y local a esta realidad territorial y poblacional.