PP y Vox rechazan una ayuda de 800 € para los celíacos e instan a que la dé el Gobierno
Avalan la estrategia comercial de Veganzones y tumban una moción del PSOE para el comercio de proximidad
Mañueco habla ayer con el consejero de Agricultura Gerardo Dueñas en el Pleno de las Cortes. RUBÉN CACHO
El pleno de las Cortes de Castilla y León, con los votos en contra de PP y Vox y a favor de toda la oposición, rechazó ayer la petición socialista de una línea de ayuda directa a los enfermos celíacos, unos 25.000 en la Comunidad, para la compra de productos sin gluten, que podría llegar a un máximo de 800 euros al año en función de la renta.
La socialista Rosa Rubio presentó la proposición no de ley con el recordatorio de las comunidades en las que se cuenta con una línea concreta ante el encarecimiento de esos alimentos en la cesta de la compra, en un argumento recogido por el resto de los grupos de la oposición para respaldar la medida, a la que se opusieron PP y Vox que trasladaron la misma al Gobierno.
Planteó habilitar una línea de ayudas para las personas afectadas por la enfermedad celíaca antes de finalizar el primer semestre de 2023, para que puedan hacer frente a la compra de alimentos, con una cuantía en función de los miembros de la unidad familiar que lo requieran y del nivel de renta de estas, con un mínimo de 150 euros y un máximo de 800 euros al año, con la enmienda de Podemos.
Fue Rosa Rubio la encargada de presentar la proposición de ley con argumentos de los síntomas que presenta esta enfermedad para las personas celíacas, con dolor abdominal, flatulencias, pérdida de apetito, erupciones en la piel, diarrea crónica, fatiga, debilidad, irritación, depresión, o erupciones cutáneas y llagas en la boca.
Uno de los problemas a los que tienen que hacer frente estas familias, dijo la procuradora del PSOE, es la adquisición de productos sin gluten, que eleva sustancialmente la cesta de la compra. Así, subrayó que el “Informe de precios sobre productos sin gluten 2023” que realiza la Federación de Asociaciones de Celíacos de España calcula que el coste de los productos sin gluten aumenta un 12,39 por ciento en comparación con 2022.
«¡Vaya cinismo, señores del PSOE!”, arrancó la procuradora de Vox María Luisa Calvo, que argumentó que la culpa de la subida de precios es del «Gobierno socialcomunista» y criticó que se pida a las comunidades «una paguita» para solucionar el problema causado por el Ejecutivo central con el incremento de la inflación, que se eleva en el caso de los productos sin gluten.
Calvo, tras arremeter contra la oposición socialista, instó a que sea en el Gobierno central donde se adopten las medidas necesarias ante el encarecimiento de la cesta de la compra, a cuya critica se unió el popular Miguel Ángel García Nieto, que calificó de «vergüenza» la PNL socialista.
García Nieto censuró que se desvíe el problema a la Junta de Castilla y León y se refirió a la petición de los afectados en una manifestación el pasado 5 de marzo, bajo el lema ‘sin gluten y sin pasta’, para reseñar que las medidas adoptadas en Italia, Portugal, Reino Unido o Dinamarca. «Este es un problema de alcance nacional», remachó.
El procurador popular explicó que existe una subvención de Sanidad a la Asociación Celíaca recogida en los presupuestos y el apoyo a la compra de productos sin gluten a través de la red de alimentos, donde están las ayudas de emergencia, la prioridad en el reparto de alimentos de esta red o una tarjeta prepago para la compra de estos productos.
«Alguna normativa impide a la Junta destinar una ayuda directa», afirmó Rosa Rubio, para preguntar si no había personas celíacas cuando gobernaron José María Aznar o Mariano Rajoy al rebatir los argumentos de PP y Vox. «Son personas enfermas, no vulnerables», subrayó.
Los grupos parlamentarios del PP y Vox rechazaron también las propuestas incluidas por el PSOE en una moción para paliar la crisis del sector comercial de la Comunidad y esgrimieron como argumento principal que la Consejería de Industria, Comercio y Empleo ya ha comenzado a elaborar una estrategia en este sentido, pendiente desde que concluyó la vigencia de la anterior en 2019.
En su iniciativa, el PSOE reclamaba la elaboración urgente de un plan de choque del comercio de proximidad para los años 2023-2025, que incluya al menos un incremento del presupuesto público para este fin del 20 por ciento anual, que financie ayudas directas, campañas de sensibilización, bonos de promoción y el fomento del asociacionismo.
El segundo punto de la moción pedía la aprobación, antes de que concluya 2023, un Plan Estratégico de Comercio para un periodo de 10 años que cuente con una dotación económica «suficiente», coordinado con las diferentes administraciones involucradas y con la creación de un observatorio que analice la evolución del sector.