Amilivia denuncia la insuficiencia del Fondo de Compensación Interterritorial para corregir los desequilibrios

El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, denunció este lunes la insuficiencia con la que el Fondo de Compensación Interterritorial dota a Castilla y León para corregir los desequilibrios económicos con otras comunidades autónomas, al recibir, de forma invariable desde 2018, un total de 18,7 millones de euros anuales, lo que sitúa a la Comunidad en el octavo lugar a nivel nacional con apenas un 4,34 por ciento del importe total repartido en España, que alcanzó los 432,4 millones de euros.

Así, y tal y como refirió Amilivia esta tarde durante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León para presentar los informes de fiscalización sobre los expedientes justificados al Fondo de Compensación Interterritorial durante los años 2019 y 2020, la cuantía recibida por Castilla y León es “claramente insuficiente para alcanzar los objetivos señalados en el artículo 158 de la Constitución”.

Este señala que las partidas del Fondo de Compensación Interterritorial “han de destinarse a gastos de inversión para poder eliminar los desequilibrios económicos entre las comunidades”, algo que, en opinión de Amilivia, no sucede, debido entre otras razones a que el 87,5 por ciento de la distribución de estos fondos se hace en base a “criterios de población”, frente a otros como la despoblación o el envejecimiento.

Esto hace que los 18,7 millones de euros que recibe Castilla y León sean “insuficientes” para “financiar gastos de inversión en los territorios comparativamente menos desarrollados, que promuevan directa o indirectamente la creación de renta y riqueza en el territorio beneficiario” como determina la ley y, por tanto, no corrigen los desequilibrios económicos interterritoriales para hacer efectivo el principio de solidaridad, como establece la Constitución.

Durante su intervención, Amilivia hizo además un resumen de la evolución histórica de este fondo en Castilla y León, que tras alcanzar los 85 millones de euros en 2008, comenzó a mermar hasta llegar a los 18,7 millones de euros de los años 2018, 2019 y 2020, donde la cuantía tuvo especial incidencia en las provincias de León, Salamanca y Valladolid como las más beneficiadas.

La dotación general para la Comunidad, no obstante, se mantuvo invariable en 2019 y 2020, debido a la prórroga presupuestaria nacional de ambos años, con 18,7 millones de los 432,4 de inversión nacional, siendo Andalucía la región que más porcentaje recibió con el 37 por ciento, seguida de la Comunidad Valenciana (12,09 por ciento), Canarias (11,6 por ciento) y Galicia (9,83 por ciento).

Alto grado de ejecución

El reparto de los superproyectos dentro de la Comunidad permaneció invariable en 2019 y 2020, manteniendo el 19,37 por ciento de la financiación para Infraestructuras Agrarias, el 12,83 por ciento a Infraestructuras Viarias, el 40,31 por ciento a Infraestructuras Sanitarias y el 27,50 por ciento a infraestructuras para la Educación. El grado de ejecución de los superproyectos financiados con el FCI alcanzó el cien por cien en ambos ejercicios, si bien un 25 por ciento de la financiación correspondiente a 2020 se ingresó en 2021.

En cuanto a la distribución provincial de las inversiones, y como diferencia más significativa entre ambos ejercicios, en 2019 fue prácticamente lineal, cuantificada en torno a los dos millones de euros para cada una de las nueve provincias. Este criterio no tuvo continuidad al año siguiente, ya que las provincias con inversiones más elevadas fueron Soria (16,39 por ciento) y Salamanca (11,72 por ciento), seguidas de Valladolid (11,10 por ciento) y Palencia (11,08 por ciento). La menos beneficiada fue Zamora, con el 7,45 por ciento de la dotación total de los fondos, y en ninguno de los dos ejercicios se registraron inversiones sin provincializar.

El Consejo de Cuentas constató que, con carácter general, “se cumple la legalidad respecto de la ejecución de los proyectos FCI tanto en el ejercicio de 2019 como en el de 2020” en lo que respecta a la naturaleza de los gastos realizados. Es decir, se comprobó que los gastos certificados fueron elegibles al tratarse de inversiones.

Mayor control

También constató el Consejo de Cuentas en ambos ejercicios que la Comunidad lleva una contabilidad separada de los proyectos individuales susceptibles de financiarse con estos fondos, pero no a nivel de superproyectos, manteniéndose las “debilidades” de control interno detectadas por el Consejo en fiscalizaciones de años anteriores.

A la vista de ello, el Consejo de Cuentas reiteró a la Consejería de Economía y Hacienda su recomendación para la adopción de las medidas necesarias para que la contabilidad de la ejecución de los FCI proporcione una información pormenorizada de cada proyecto incluido en los Presupuestos Generales del Estado a nivel de superproyectos.

Respecto de los derechos, Amilivia apuntó que su contabilización ha sido “adecuada”, con las salvedades recogidas en ambos ejercicios al existir distintos criterios de reconocimiento, de devengo o de caja, según los casos. El Consejo concluyó además, en relación con la gestión y contabilidad de los fondos correspondientes a Infraestructuras Agrarias que, como en ejercicios anteriores, no se ha efectuado correctamente al no corresponderse los derechos reconocidos con los gastos justificados.

Y es que la dotación destinada a Infraestructuras Agrarias ascendió a 3,63 millones de euros, cifra gestionada por la Consejería de Agricultura y Ganadería y por el Instituto Técnico Agrario (ITACyL). En el caso de los fondos gestionados por este último, los derechos reconocidos fueron superiores a los gastos justificados con cargo a los superproyectos por un importe de 0,48 millones de euros en 2019 y de 0,07 millones en 2020, cantidad que se compensó con la reconocida de menos por la Consejería de Agricultura y Ganadería.

Por ello, se recoge en ambos informes otra recomendación a la Consejería de Economía y Hacienda para que la gestión y contabilidad de los fondos correspondientes a Infraestructuras Agrarias se efectúe correctamente y se correspondan los derechos reconocidos con los gastos justificados, tanto en el ITACyL como en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, así como en el control interno de los gastos financiados por el FCI.