La Junta aprueba el plan que agiliza los medios contra fuegos forestales
Quiñones se anticipa al compromiso legal pese a no contar con las directrices del Miteco
Jesús Julio Carnero, Carlos Fernández Carriedo y Juan Carlos Suárez Quiñones. NACHO GALLEGO
El Consejo de Gobierno aprobó ayer el Decreto-Ley autonómico de medidas urgentes sobre prevención y extinción de incendios forestales, que permitirá pretende agilizar todas las medidas que requieren una urgencia en su puesta en marcha, especialmente los procesos de cobertura de personal y medios del operativo. No en vano, el decreto ley modifica otras normas que afectan al operativo. De esta forma, la Junta se anticipa al compromiso legal de aprobar el plan anual sin que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico haya cumplido su obligación de establecer las directrices en un real decreto que aún no ha dictado.
El decreto-ley de la Junta incorpora la aprobación del Plan anual de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales de 2023, que se incluye en un anexo; modifica las leyes de Montes de Castilla y León y de Función Pública para agilizar la incorporación de personal interino al Operativo en caso de necesidad, y establece normas y criterios para garantizar un funcionamiento administrativo más ágil de este servicio de emergencias.
En cuanto a la modificación de la Ley de Montes, se incluye la configuración básica del operativo de lucha contra incendios forestales de la Comunidad, dándole así un respaldo con rango de ley, y con ello las adaptaciones derivadas de las últimas actualizaciones en la norma básica estatal, como lo relativo a los novedosos planes anuales de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales. Estos planes integran formalmente la planificación de todo lo relacionado con la lucha contra los incendios forestales, y además son el requisito básico para permitir la colaboración de la Administración del Estado en las tareas de restauración tras los grandes incendios, cuestión que también recoge el nuevo decreto-ley.
El plan aprobado cuenta con el análisis territorial de la problemática del peligro, la vulnerabilidad y el riesgo de incendios forestales, de acuerdo con las actuales situaciones climáticas, socioeconómicas y de combustible; el diseño general del dispositivo para atención global durante todo el año a la prevención, detección y extinción de incendios forestales; la asignación estable y permanente de medios técnicos y profesionales singularizados al desarrollo de las actuaciones contempladas; los trabajos de carácter preventivo a realizar a lo largo de todo el año, o la regulación de los usos que puedan dar lugar a riesgo de incendios forestales en relación con los distintos niveles de riesgo.
Además, el decreto ley modifica la orden que regula el uso del fuego y se establecen medidas preventivas para la lucha contra incendios forestales en Castilla y León, para adecuarla a las previsiones de un real decreto ley de 2022 en materia de prohibiciones y limitaciones ante situaciones de alto riesgo meteorológico, recogiendo las obligaciones establecidas en el caso de riesgo muy alto o extremo.