La Junta pide a Sánchez una reunión con las autonomías por la vivienda

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, se dirigió ayer por carta a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, a la que instó a la «urgente convocatoria» de la Conferencia Sectorial de Vivienda para tratar el recién aprobado proyecto de Ley de Vivienda.

Suárez-Quiñones expresó su malestar por tener conocimiento los consejeros autonómicos de «esta importante iniciativa legislativa» únicamente a través de los medios de comunicación, «máxime siendo una materia en la que, junto a su indudable trascendencia social, concurre la circunstancia, no menor, de que es de exclusiva competencia autonómica».

También reprochó en la misiva la «nula información» recibida acerca del contenido del proyecto de Ley de Vivienda y reclamó que la reunión cuente con este único punto en el orden del día para recibir información «de un modo completo y exhaustivo» sobre el proyecto.

La Junta de Castilla y León ha tenido constancia de que otras comunidades autónomas también se han sumado a la demanda de información y se han dirigido al Gobierno central para reclamar la celebración urgente de la Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo, entre ellas la Xunta de Galicia, la Junta de Andalucía o el Gobierno de la Región de Murcia.

La Sareb, el ‘banco malo’, tiene cedidas unas 2.700 viviendas a comunidades autónomas —un centenar en Castilla y León— y ayuntamientos, a pesar de que la bolsa de pisos reservados para este fin asciende a 15.000 unidades.

El Gobierno aprobará hoy su plan para destinar 50.000 viviendas de la Sareb a alquiler asequible, de las que 35.000 ya están identificadas y otras 15.000 se construirán en suelo cedido por esa sociedad pública. Este plan, que anunció el fin de semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto electoral en Valencia, forma parte del compromiso del ejecutivo de impulsar 100.000 viviendas en arrendamiento a precio asequible.

Unidas Podemos lleva demandando al PSOE desde el principio de la legislatura que todas las viviendas de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) se incluyan en un parque público de alquiler y, aunque intentó negociarlo dentro de la ley de vivienda los socialistas nunca lo aceptaron.

Su secretaria general y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, aseguró en RNE que el plan «responde perfectamente» a su reclamación y que le da igual que su anuncio en un mitin de Pedro Sánchez obedezca a un interés electoralista u a otro motivo.

Los socialistas siempre han apostado por la construcción de un parque público de alquiler mediante fórmulas de colaboración público-privada para incrementar la oferta.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, abogó ayer por «reconstituir» el parque de viviendas publicas que fue «desmantelado por los gobiernos anteriores».

La Sareb, creada hace once años para comprar activos inmobiliarios de cajas de ahorro y bancos quebrados en la crisis financiera de 2008, está controlada por el Estado desde el año pasado.

En la actualidad tiene cedidas unas 2.700 viviendas a las comunidades autónomas y los ayuntamientos a pesar de que la bolsa de pisos reservados para este fin asciende a 15.000 unidades y Sánchez quiere elevar la cifra a unas 21.000 viviendas.

Según sus datos, el conocido como ‘banco malo’ ha cedido 1.679 viviendas sociales mediante acuerdos de colaboración con nueve comunidades autónomas, entre las que destacan Cataluña, con 930, y Andalucía, con 400 viviendas, y otras 1.028 unidades mediante acuerdos de colaboración con 33 ayuntamientos.

De estas 220 están en Santa Coloma de Gramanet, en Barcelona, y otras 200 en la propia capital catalana.

La Sareb también ha vendido a las administraciones públicas 212 viviendas, de ellas 108 en Madrid y 75 en la Comunidad Valenciana.

El plan que aprobará hoy el Consejo de Ministros incluye (dentro de las 35.000 casas ya identificadas) 14.000 pisos ya ocupados en los que se ofrecerá un alquiler social a las familias para evitar desalojos y otras 21.000 unidades que se pondrán a disposición de municipios y comunidades autónomas.

Desde su constitución, la Sareb seleccionó 2.000 viviendas para destinarlas a comunidades autónomas y ayuntamientos, en 2015 dobló esa cifra hasta las 4.000. En 2020, según explica la propia compañía en su web, quiso que su estrategia de cesión de inmuebles fuera mucho más ambiciosa y amplió la bolsa hasta las 10.000 propiedades.

En febrero de 2021, la sociedad puso a disposición de las administraciones otras 5.000 viviendas para que se destinaran a alquiler asequible, con lo que en total cuenta con un parque de 15.000 viviendas reservadas a ese fin, que podrían elevarse a 20.000.

Sin embargo, a pesar de la oferta de la Sareb, la compañía sólo tiene cedidas 1.679 viviendas sociales mediante acuerdos de colaboración con nueve comunidades autónomas, entre las que destacan Cataluña, con 930, y Andalucía, con 400 viviendas, mientras que en el caso de Castilla y León son 100.

La Sareb tiene cedidas 1.028 viviendas sociales mediante acuerdos de colaboración con 33 ayuntamientos. De ese volumen, 220 están en Santa Coloma de Gramanet, en Barcelona, y otras 200 en la propia ciudad condal.

Adicionalmente, la sociedad ha vendido a las administraciones públicas 212 viviendas, entre las que destacan 108 en Madrid y 75 en la Comunitat Valenciana.

En paralelo a las viviendas cedidas, la Sareb se comprometió hace un año a ofrecer un alquiler social a 10.000 familias que ya residían en sus viviendas y, tras la toma de control del Estado, anunció que cedería suelo para que empresas privadas promovieran la construcción de entre 10.000 y 15.000 pisos.