Las 93.193 páginas que complican la vida a los empresarios de CyL

La Comunidad de Castilla y León fue la autonomía que menos normas con rango de ley (leyes, decretos legislativos y decretos leyes) aprobó en 2022 y publicó en el BOE, ocho, cuatro menos que en 2021, y el dato más bajo de la serie desde 2014 que se recoge en el informe ‘La Producción normativa en 2022’ de CEOE. Cabe recordar en este sentido, que en 2022 se convocaron elecciones autonómicas en Castilla y León, el 13 de febrero, lo que impactó directamente en la actividad regulatoria autonómica.

El documento indica que Castilla y León se situó muy por debajo de las autonomías que impulsaron más regulaciones, Navarra, con 59 (incluye las leyes forales); Valencia, con 32; Cataluña, con 31; Canarias, con 27; y Baleares, con 25. Madrid y Andalucía dieron luz verde a 18, en ambos casos; La Rioja a 17; Aragón y Murcia a 16; Cantabria, Extremadura y País Vasco a 13; Castilla-La Mancha a 12; Galicia y Asturias a once.

Así, las autonomías españolas produjeron 340 normas con rango de ley, ocho menos que en 2022, a las que se unen las 849 normas aprobadas de distinto rango a nivel estatal (851 en 2021), que se repartieron entre 15 leyes orgánicas, 39 leyes, 306 reales decretos, 20 reales decretos ley y 469 órdenes.

El conjunto de la producción normativa en España, es decir, la estatal más la de las comunidades autónomas, aprobada en 2022, asciende a 1.189, lo que equivale a más de tres novedades legislativas por día natural (dosa nivel estatal y una a nivel autonómico).

El informe precisa también que de la UE se adoptaron 2.249 actos jurídicos, distribuidos en 1.041 reglamentos, 28 directivas y 1.180 decisiones, con un aumento del 3,4 por ciento.

Otro dato que destaca del análisis de CEOE es que Castilla y León publicó 93.193 páginas en el Boletín Oficial de la Comunidad (BOCyL), el dato más elevado de la serie que se facilita desde 2016, con un espectacular aumento del 40 por ciento respecto a 2021. En este sentido, Castilla y León es la tercera autonomía con más páginas publicadas, solo por detrás de Cataluña (166.405) y Madrid (93.487).

Los distintos boletines oficiales de las autonomías registraron en sus publicaciones un total de 1.075.108 páginas en 2022, lo que supone un 15 por ciento más que las páginas editadas el año anterior (934.229 páginas). Se trata de la cifra más alta de los últimos once años.

En suma, el conjunto de las páginas publicadas por los Boletines Oficiales de ámbito estatal y autonómico alcanzó el número de 1.329.865, en 2022. Al igual que el año pasado, se mantiene la tendencia ascendente, siendo éste el sumatorio más alto de la última década, un 29,7 por ciento superior a la media del periodo considerado (1.025.523 páginas publicadas en promedio en la última década). En definitiva, el 2022 fue uno de los años más prolíficos en materia regulatoria, continuando la tendencia alcista del año 2021.

Una regulación abrumadora

La Ceoe incide en que «el impacto de la superposición de las disposiciones legislativas en los diferentes niveles administrativos (europeo, nacional, autonómico y local) sobre los administrados es, cuando menos, abrumador». Agrega la patronal que en el caso de los empresarios, «el mero seguimiento y actualización de la normativa que deben cumplir para el desarrollo de sus actividades requiere la dedicación de grandes esfuerzo y recursos».

«Esto, unido a la inseguridad jurídica creciente del sistema, tiene importantes repercusiones sobre la competitividad de las empresas españolas en los actuales entornos globalizados», sentencian.

La organización empresarial también afirma que uno de los elementos que podría facilitar que una norma fuera «lo más eficaz y eficiente posible» sería que «se consultara, de una manera adecuada en tiempo y forma, con el sector privado, con el objeto de que el resultado normativo obtuviera el máximo beneficio para toda la sociedad». Por tanto, argumenta, «el establecimiento de un marco jurídico de confianza para el desarrollo de la actividad empresarial constituye la piedra angular sobre la que se asienta el desarrollo económico y el bienestar de nuestra sociedad».