El Consejo de Cuentas cifra en 1.461 millones el aumento del gasto en el primer año de covid

El Consejo de Cuentas de Castilla y León ha cifrado en 1.461 millones el incremento del gasto público de la Junta asociado al afrontamiento de la pandemia de la covid en 2020, cuando el presupuesto de gastos se incrementó el 13,05 por ciento, hasta los 12.661 millones, en su mayoría para el refuerzo sanitario, financiado con el Fondo Covid-19 estatal.

El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, ha presentado este lunes el informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad correspondientes a los años 2019 y 2020, de los que ha destacado que la Junta ha incorporado algunas de las recomendaciones reiteradas por esta entidad de control en los últimos años.

Más allá del incremento del gasto en el primer año de la pandemia de covid y de su financiación por parte del Fondo Covid, Amilivia ha subrayado que las cuentas analizadas permiten comprobar que en paralelo, para acometer ese incremento de gasto la Junta aumentó su deuda un 3,7 por ciento.

En concreto, Amilivia ha sostenido ante los grupos parlamentarios que la financiación extraordinaria del Fondo Covid-19 posibilitó que la financiación sanitaria estuviese mejor cubierta, con más presupuesto y mayor gasto sanitario, también en la Administración General.

Además, la evolución de la deuda sanitaria no imputada a presupuesto por la Gerencia Regional de Salud reflejó en 2020 una notable disminución, la mayor en 14 años, pasando de 417 a 62 millones, gracias a la generación de créditos que posibilitaron imputar a gasto corriente los gastos de ese año y los correspondientes a ejercicios anteriores.

Amilivia ha sostenido que con carácter general, la Cuenta General de la Comunidad fue presentada por la Junta de acuerdo con los principios y normas contables que le son de aplicación, reflejando de forma fiable la actividad económico-financiera de la misma, excepto por algunas limitaciones e incumplimientos recogidos en las conclusiones.

Pendiente

La rendición de cuentas incluye todas las entidades que deberían estar integradas en la misma excepto -en ambos ejercicios- las del Consorcio para la Promoción, Desarrollo y Gestión del Proyecto Regional del Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA), en la provincia de Soria.

Teniendo en cuenta las diferentes magnitudes para cada una de las entidades que integran la Cuenta General, las entidades del Sector Público que realizan actividades administrativas representan el 99,3%.

La única empresa (Somacyl), nueve fundaciones y un ente público de derecho privado integrados -el mismo número que en el ejercicio 2019- representan menos del 1%.

En lo referente a las entidades del Sector Público de la Comunidad sujetas al Régimen de Contabilidad Pública, el mayor peso presupuestario corresponde a la Administración General, seguida de la Gerencia Regional de Salud y la Gerencia de Servicios Sociales, con un 87,35%, 6,06% y 3,85%, respectivamente, del presupuesto definitivo consolidado de ingresos en 2020.

En cuanto a los gastos, la Administración General representa el 49,56%, la Gerencia Regional de Salud el 37,38% y la Gerencia de Servicios Sociales el 8,47%.

Con relación a la Gerencia Regional de Salud, existen obligaciones pendientes de imputar al presupuesto de 2020 por 62 millones de euros, siendo 5,5 de ejercicios anteriores, según la documentación aportada por el Consejo de Cuentas.

Ejercicios anteriores

Existen, además, obligaciones de ejercicios anteriores indebidamente imputadas al ejercicio 2020 por 412 millones, según la misma documentación, por lo que la evolución de las obligaciones pendientes de imputar a presupuesto en los últimos años refleja que 2020 fue el ejercicio con el menor importe, habiéndose producido una "notable disminución", pasando de 417 millones en 2019 a 62.

La causa principal fueron las generaciones de crédito, que permitieron que en 2020 se imputaran a presupuesto corriente tanto los gastos generados en ese ejercicio, como los correspondientes a ejercicios anteriores que habían quedado pendientes de imputar por falta de crédito.

Amilivia ha insistido en que la Junta mantiene en estos ejercicios el criterio de devengo para el reconocimiento de derechos de transferencias finalistas de acuerdo con el nuevo Plan General de Contabilidad de Castilla y León de 2018, en vez del criterio de caja, que es el recogido por el Plan General de Contabilidad Pública, configurado como marco para todas las Administraciones públicas.

Además, ha lamentado que la Comunidad sigue sin tener implantado un registro de inventario que recoja todos los bienes y derechos que integran su patrimonio.

El Inventario General, únicamente recoge los bienes inmuebles y derechos sobre los mismos de la Administración General, del Instituto Tecnológico Agrario, de la Gerencia de Servicios Sociales y del Servicio Público de Empleo, ha resumido.

En cuanto a los ajustes realizados como consecuencia de la fiscalización, el Consejo propuso en el resultado presupuestario consolidado un ajuste positivo de 535 millones de euros, que situó la cifra total en un importe positivo de 323 millones.

En el balance consolidado, se hicieron ajustes en el pasivo por importe de 145 millones de euros, manteniéndose el importe total rendido en 9.066 millones.

En la cuenta del resultado económico-patrimonial consolidada, los ajustes suponen un aumento de 122 millones en el resultado, hasta alcanzar un ahorro de 286 millones, según la documentación aportada por el Consejo.

Modificaciones

En materia de modificaciones presupuestarias, se advierte que las reglas fiscales quedaron suspendidas para los ejercicios 2020 y 2021 ante la situación de emergencia extraordinaria provocada por la pandemia, por lo que la desviación del gasto no tuvo efectos en esta materia.

Por políticas de gasto, los créditos que más se incrementaron a través de modificaciones fueron los correspondientes a Sanidad, que supusieron un 73,73% del importe neto de las modificaciones, seguida de Educación, con un 10,76%, y Servicios Sociales y Promoción Social, con un 7,59%.

En cuanto al ejercicio 2019, la Comunidad incumplió el objetivo de estabilidad, con un déficit ajustado del -0,5% frente al objetivo establecido del -0,1% del PIB autonómico; y también el objetivo de la regla de gasto, establecido en el 2,7%, con una variación respecto a 2018 del 4,5%, mientras que sí cumplió el objetivo de deuda pública, cifrado en el 21 % del PIB autonómico..