La Junta deroga la Ley del Informante de Castilla y León para adaptarse a la estatal

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves un Decreto a través del que se deroga la Ley del Informante para adaptarse a la nueva normativa estatal de protección de las personas que informen sobre corrupción y ha aprovechado por «economía procedimental» el mismo texto para ampliar el plazo de suspensión de autorizaciones de instalaciones de salones de juego y casas de apuestas.

El consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, ha comparecido junto al portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno para explicar esta nueva normativa que, en lo referente a los informantes, obedece a la adaptación de la Comunidad a la normativa estatal emanada de los reclamos de la UE.

De este modo, Carnero ha explicado que la Comunidad tenía de plazo hasta el 13 de junio para adaptarse a la Ley Estatal, lo que conlleva que quede derogada la anterior normativa autonómica relativa a este asunto. Además, el Decreto aprobado este jueves incluye también la ampliación del plazo de suspensión para nuevas autorizaciones de instalación de salones de juego y casas de apuestas, ya que la primera de las suspensiones de 24 meses concluye el próximo 11 de junio y ahora, con este incremento, la prohibición de otorgar nuevas licencias se amplía hasta el 1 de enero de 2025 o hasta que entre en vigor la nueva Ley del Juego que, según Carnero, se podría aprobar en el actual periodo de sesiones de las Cortes.

EL DECRETO

El nuevo Decreto Ley, en lo referente a los informantes, amplía el abanico de posibles denunciantes, como el ámbito objetivo de los hechos constitutivos de delitos e infracciones administrativas que pueden ser denunciados. Así, respecto a la primera novedad, a través del Sistema Interno de Información de la Administración de la Comunidad podrán tramitarse ahora las comunicaciones que procedan de trabajadores tanto del sector público como del privado cuando estos hayan conocido la existencia de presuntas infracciones en un contexto laboral o profesional que afecte a la Administración General de la Comunidad.

En segundo lugar, la norma aprobada hoy extiende también su ámbito de aplicación a la comunicación de acciones u omisiones que puedan constituir infracciones del Derecho de la Unión u otras de tipo penal o administrativo grave o muy grave.

El Decreto-Ley determina que el responsable de gestión de este Sistema Interno de Información de Castilla y León será el titular de la Inspección General de Servicios y que se garantizarán la confidencialidad y seguridad de la información y, en particular, la identidad del informante y de cualquier tercero mencionado en la comunicación. Además de las medidas de protección y garantías previstas en la normativa estatal y que mediante el Decreto-Ley se incorporan, los empleados públicos de la Administración General de la Comunidad y de sus organismos autónomos gozarán de la garantía de no poder ser removidos de su puesto de trabajo hasta dos años después de concluidas las actuaciones, con independencia de su forma de provisión, salvo aquellos cambios que se deriven estrictamente de la normativa aplicable.

Junto a esto, se habilita la posibilidad de que las entidades pertenecientes al sector público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de órganos de la Administración de la Comunidad, y que cuenten con menos de cincuenta trabajadores, puedan compartir con la Administración de adscripción el Sistema Interno de Información y los recursos destinados a las investigaciones y las tramitaciones a través de la firma del correspondiente convenio de colaboración.