La red de recarga de vehículo eléctrico crece en Castilla y León, pero de forma desigual

A pesar de los esfuerzos realizados, el vehículo eléctrico continúa sin poder sustituir la operatividad y experiencia del usuario respecto a los de motor térmico por falta de infraestructura de carga pública en los desplazamientos interurbanos, principalmente. Ésta es una de las principales conclusiones delinforme Infraestructura de recarga para vehículos eléctricos en España. Análisis, evaluación y recomendaciones para impulsar la movilidad eléctrica garantizando una transición justa y las particularidades territoriales, elaborado porla Fundación Ecología y Desarrollo -ECODES- y el Observatorio de Sostenibilidad. Se trata de un estudio que da continuidad al realizado por ambas entidades el año pasado, y que actualiza la localización de los puntos de recarga y la capacidad a día de hoy de la red para alcanzar la necesaria descarbonización del sector del transporte y la transformación de la movilidad, atendiendo tanto a la realidad nacional como regional.

En el caso de Castilla y León, se detecta que en el último año se ha producido un crecimiento de la red, aunque muy desigual: el medio rural sigue siendo el gran olvidado. En este sentido, cabe destacar que si bien el número de puntos de carga ha crecido cerca de un 64 % -pasando de los 388 en 2022 a 636 en 2023-, este despliegue se ha centrado en las áreas urbanas, que concentran un total de 337. El resto se reparte entre carreteras de orden principal (170) y áreas rurales (129).

Si se atiende al número de conectores, la fotografía es similar: de los 1698 instalados en la comunidad autónoma, el 52 % (884) se encuentra en el ámbito urbano; el 33,6 % (571) está en la red de carreteras principales y solo el 14,3 % (243) se ubican en áreas rurales. En el caso de la alta potencia (> 150 kW), la diferencia es dramática: ninguno de los 99 conectores de alta potencia disponibles en la comunidad se encuentra situado en el medio rural. En cualquier caso, ello implica un desarrollo deficitario, ya que, si se atiende a la extensión de todo el territorio de Castilla y León, se encuentra un conector de alta potencia cada 952 km2.

Una red con un desarrollo opuesto

Los 3375 km de tramos de más de 60 km entre puntos de recarga se sitúan preferentemente en el interior; por lo que no debe sorprender que Castilla y León sea la tercera comunidad que tiene mayor proporción de su red de carreteras principales en tramos de más de 60 km: 1, de cada 5 km (20%), solo superada por Castilla-La Mancha y Aragón, y con Extremadura a menos de dos puntos porcentuales. La posición a menos de 10 km es muy baja: 19,2%, solo Castilla-La Mancha tiene una proporción peor.

La situación de la red de alta potencia también es muy desfavorable. El 86 % de la red principal está en tramos de más de 60 km entre alta potencia. Solo el 1,9% de la red principal está menos de 10 km de un punto de carga rápido. Aunque la mayoría de las áreas urbanas disponen de conectores de alta potencia, hay varias que todavía adolecen de estos cargadores y, a pesar de que la comunidad es atravesada por varios de los ejes de comunicación más importantes del norte de la península, los conectores rápidos son escasos, llegando a no haber ninguno en la provincia de Soria. El resultado es que es la comunidad con peor relación entre superficie/conectores rápidos, con un valor de 952 km2/ conectores, un dato que solo supera Castilla-La Mancha y Aragón.

Además, ahora que ya ha comenzado la temporada de desplazamientos debido a las vacaciones de verano, es destacable que el análisis toma en consideración las áreas de interés turístico. Si bien suponen un pequeño porcentaje de la superficie territorial de Castilla y León, absorben una gran parte de la inversión en infraestructura. Acumulan el 45 % de los puntos de recarga, el 45,4 % de los conectores y el 46,4 % de los cargadores de alta potencia.

Un desequilibrio que se repite en todo el Estado 

Con pequeñas variaciones, la situación de Castilla y León se repite en todo el país. En 2023, España ha alcanzado los 8402 puntos de carga y 24 020 conectores totales, pero el crecimiento es insuficiente y sólo el 2 % tiene una potencia superior o igual a 150 kW. Además,<> 2 de cada 3 puntos de carga se concentran en las áreas urbanas. A pesar de que las áreas rurales suponen más de cuatro quintas partes del territorio nacional, solo cuentan con el 14 % de los puntos de carga (descontando los puntos de los corredores principales). El atraso en el despliegue de esta infraestructura en las zonas rurales es más que evidente. Mientras las áreas urbanas tienen casi 1500 puntos de carga nuevos, y las carreteras principales casi 700, en un año, en las zonas rurales, hay apenas 34 más.

El estudio concluye con propuestas para transformar el modelo y avanzar en la movilidad eléctrica: “Es necesario aumentar los cargadores de alta potencia. Aunque ya hay 223 puntos equiparables en funcionalidad de alguna manera a gasolineras, es necesario aumentar el esfuerzo inversor para transformar la red de más de 9000 gasolineras del territorio español y dar servicio a la flota de vehículos que ha de sustituir al actual parque móvil de motores de combustión fósil, que sigue siendo el predominante”, explica Mario Rodríguez, director asociado de Transición Justa y Alianzas Globales de ECODES.

Fernando Prieto, director del Observatorio de Sostenibilidad, añade que “es imprescindible que los territorios con menor densidad de población no se queden atrás. No desarrollar la red de carga en todo el territorio condenaría al medio rural a seguir apostando por el uso de medios de transporte contaminantes. Además, la facilitación de tejados solares y modelos de autoconsumo en casas unifamiliares en el medio rural puede ser muy beneficioso para la carga de los coches con placas solares y, en definitiva, para una transición más rápida, barata y eficiente hacia la movilidad eléctrica, incluyendo la batería del coche como factor de almacenamiento de energía”.

En este escenario de necesidad de aceleración de la transición ecológica justa, la respuesta es clara: la apuesta pública y privada para facilitar la descarbonización deben complementarse, ya que sólo desde esa perspectiva la vertebración territorial y la cohesión social quedarán garantizadas a la hora de extender la movilidad eléctrica por todo el país.