«Sabemos que la subasta no ha terminado», dice el presidente
El presidente de la Junta dejó claro que la Comunidad no va entrar en la «subasta» ni en «juegos de números» tras ser preguntado acerca de si la Junta demandará la condonación total de la deuda de Castilla y León. No en vano, reiteró que se habla de los impuestos de todos los españoles para mejorar su calidad de vida pero no para los intereses particulares de Pedro Sánchez ni «consolidar» las aspiraciones de los separatistas.
En todo caso, apuntó que la postura de la Junta será pedir una negociación multilateral de un nuevo modelo de negociación autonómico por ser «viejo» y «malo»; cubrir el coste de los servicios públicos; corregir el déficit de infraestructuras para el crecimiento de la Comunidad y contar con un desarrollo «equilibrado», «armónico» y de cohesión territorial del país.
A su juicio, que no se puede «castigar» a una comunidad autónoma como Castilla y León, que ha gestiona con «eficacia» y ser capaz de bajar los impuestos, con la contención de la deuda, y tener los mejores servicios públicos de toda España. «No se puede premiar a quienes han despilfarrado en tramas separatistas», reiteró.
Tras señalar que ha ordenado a los Servicios Jurídicos para que trabajan en la elaboración de los textos para sustentar los procedimientos de impugnación y la solicitud del informe del Consejo Consultivo de Castilla y León, subrayó que los acuerdos políticos sobre la amnistía y la condonación de la deuda a Cataluña pueden atentar contra los principios del Estado de derecho, la separación de poderes y el principio de igualdad en España, además de menoscabar la financiación y recursos públicos para el mantenimiento de servicios esenciales para la ciudadanía de Castilla y León. Fernández Mañueco también quiso dejar claro que, «más allá de las valoraciones de cualquier miembro de su equipo de Gobierno», se trata de la postura de la Junta. «Sabemos que la subasta no ha terminado», aseveró. Por último manifestó que la amnistía no tiene «nada que ver» con la aprobada por el Congreso n el año 1977.