La Junta solicitará al Gobierno la gestión del Ingreso Mínimo Vital, como el País Vasco
La decisión se produjo tras el anuncio de Sánchez de facilitar
La Junta de Castilla y León ha avanzado que solicitará al Gobierno central la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) después de que el Consejo de Ministros haya aprobado este miércoles su cesión a las comunidades autónomas con régimen común que lo soliciten para equipararlas a las comunidades autónomas de régimen foral que ya lo tenían cedido, como son País Vasco y Navarra.
Así lo anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros de 2023, en la que el presidente del Ejecutivo hace balance del año.
«Se aprueba la cesión de la gestión del Ingreso Mínimo Vital a todas aquellas comunidades autónomas de régimen común que así lo deseen y de esta forma se equipararán con las comunidades autónomas de régimen foral que ya lo tenían cedido», ha avanzado Sánchez, este miércoles.
En concreto, según han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo regional, Castilla y León sí reclamará la gestión del IMV como ya lo ha solicitado en varias ocasiones desde 2020 para conseguir su traspaso en las mismas condiciones que se realizó con el País Vasco.
La consejera de Familia, Isabel Blanco Llamas, reclamó en abril y mayo de 2020 al entonces ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, la gestión del IMV. Posteriormente, en junio del mismo año fue el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el que envió una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para solicitar el traspaso de esta prestación con el fin de garantizar «la igualdad entre las personas, sea cual sea su territorio de residencia».
Además, en septiembre de 2020, las Cortes de Castilla y León aprobaron una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el PP para avanzar en la gestión del IMV, cuya argumentación se basaba en la experiencia de la Comunidad sobre la gestión de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC).
Esta prestación se puso en marcha el 1 de junio de 2020, en el primer año de la pandemia de la Covid-19, y entonces, el Ministerio de Inclusión, Seguridad y Migraciones, que dirigía José Luis Escrivá y que ahora encabeza Elma Saiz, preveía que esta prestación llegara a 850.000 hogares.
Si bien, por el momento, a finales de noviembre, el IMV había llegado a 710.341 hogares (en los que viven 2.079.233 personas), es decir, 139.659 hogares menos que los previstos inicialmente. Además, el Gobierno estima que a finales de 2023 se alcance una cifra de 2.150.000 beneficiarios, incluyendo País Vasco y Navarra, según señaló el Ejecutivo.