Sesión monográfica para Mañueco en las Cortes: los portavoces se unen contra la norma de Concordia

Los portavoces de los grupos de la oposición Socialista, UPL-Soria Ya y Mixto (Podemos) dirigen sus preguntas al presidente del Ejecutivo de la Comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, en el próximo pleno de las Cortes, previsto para el 9 y 10 de abril, a la normativa de Concordia registrada por PP y Vox, pero una petición expresa en el pacto con su socio.

Con matices, el socialista Luis Tudanca, el leonesista Luis Mariano Santos y el morado Pablo Fernández requieren la posición del presidente de la Junta en relación a una materia que, una vez aprobada, dejará sin efecto el consenso recogido en el decreto de memoria histórica y democrática de 2018, aprobado por el último Gobierno de Juan Vicente Herrera.

Precisamente, el portavoz socialista acude a ese texto: “Apoya cambiar la normativa aprobada por la propia Junta de Castilla y León en relación con la memoria histórica”, es su pregunta en el plenario a Alfonso Fernández Mañueco, después de que Tudanca haya advertido de que su partido irá hasta el final para “parar” esa norma.

El leonesista lo pregunta de otra manera: “¿No cree el presidente, que después de 2 años de legislatura, ha llegado el momento de dejar de lado las ocurrencias y empezar a trabajar en lo que 

realmente importa para el desarrollo de las regiones de León y Castilla?”. De “ocurrencia” calificó UPL el texto promovido por los socios de coalición en la Junta.

“¿Cree el presidente de la Junta de Castilla y León que es correcto y adecuado aprobar una Ley que blanquea la dictadura franquista y que deroga el actual Decreto de Memoria Histórica y Democrática en Castilla y León?” es el contenido de la pregunta de Pablo Fernández que cerrará el turno de las preguntas de control al presidente. “Es una puñetera basura y una soberana mierda”, calificó ese texto el parlamentario morado.

Al vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo se dirigen dos preguntas. La socialista Patricia Gómez requiere conocer si el ‘número dos’ del Ejecutivo mantiene que la violencia de género no existe, y Francisco Igea (Grupo Mixto) si considera que “vivimos en una Dictadura” como dijo hace unos días en unas declaraciones en Tudela de Duero.

Los procuradores socialistas preguntarán si son “necesarios” el ingreso mínimo vital y la renta garantizada de ciudadanía, por la situación de la Fundación tutelar FECLEM, si los conciertos privados son la solución para terminar con las listas de espera quirúrgicas y, en un plano provincial, se interesan por la reforma integral en el Centro de Personas con Discapacidad Psíquica Nuestra Señora de la Calle (CAMP) en Palencia y por una solución a la falta de médicos pediatras en el Centro de Salud Miranda Oeste.

El grupo que forman UPL-Soria Ya preguntará por las guardias de traumatología en el Hospital de Santa Bárbara de Soria, por la posible adquisición del castillo de la Raya en Monteagudo de las Vicarías (Soria) y por el inicio del expediente de expropiación de 83 fincas pertenecientes a 126 propietarios en el municipio leonés de Cimanes del Tejar.

Se cierra la sesión de control al Ejecutivo con la pregunta del tercer miembro del Grupo Mixto, Pedro Pascual (Por Ávila) que se interesa por “la relevancia concreta que quiere” la Junta de Castilla y León que tenga el Corredor Atlántico en la provincia de Ávila y por las medidas para conseguirlo.

Financiación y soterramientos

En el orden del día figuran dos interpelaciones, la del Grupo Socialista sobre política general en materia de educación afectivo-sexual, y la de UPL-Soria Ya relativa a política general en materia de fomento de la natalidad. También las mociones socialista sobre patrimonio cultural y de Francisco Igea sobre sanidad.

A debate y votación cuatro proposiciones no de ley. El Grupo Socialista busca que las Cortes, en especial los procuradores del PP con Alfonso Fernández Mañueco a la cabeza, voten a favor de condenar la dictadura franquista, al no expresarlo en la norma de Concordia registrada junto a Vox.

Las dos PNL del Grupo Popular y la de Vox tienen como destinatario el Gobierno central. El primero para que se mejoren las condiciones laborales de policías y guardias civiles y en contra de una financiación especial para Cataluña, y el segundo para la realización de los soterramientos de Valladolid, Palencia y San Andrés del Rabanedo.

Por último, se producirá el debate y votación del Dictamen de la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades del Proyecto de Ley reguladora del modelo de atención en los centros de carácter residencial y centros de día de servicios sociales para cuidados de larga duración de Castilla y León.