Una enmienda facilitará a la Junta la toma de decisiones en el Serla

Una enmienda parcial de PP y Vox a la ley de medidas de los presupuestos de la Comunidad facilitará la toma de decisiones de la Administración en los órganos de dirección de las fundaciones públicas y eliminará la ‘unanimidad’ en el régimen de adopción de acuerdos para permitir que el Gobierno autonómico pueda ejercer con plenitud su potestad «de autoorganización dentro del sector público». Estos cambios afectarán a las 13 fundaciones públicas que en estos momentos tiene Castilla y León, entre ellas, al Serla, donde según el actual reglamento los acuerdos deben adoptarse por unanimidad. De este modo, tras la aprobación de los presupuestos, la Consejería de Industria tendrá la mayoría para desbloquear la actual situación.

Asimismo, se traslada que «los acuerdos del patronato de las fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León se adoptarán por las mayorías previstas en sus Estatutos», si bien obliga a respetar dos condiciones. La primera, que para la adopción de determinados acuerdos se requerirá mayoría absoluta de los miembros del patronato, «sin perjuicio de que puedan preverse otras mayorías más reforzadas en los Estatutos». Y segunda, que «en ningún caso podrá exigirse la unanimidad como criterio de adopción de acuerdos».

Por otro lado, la Junta de Castilla y León contará con un órgano mediador en cada servicio territorial de las provincias para reunir a grandes tenedores de viviendas y a personas vulnerables en riesgo de desahucio para facilitar alternativas que eviten la judicialización y el alzamiento de estos últimos. Así figura en una de las enmiendas, en concreto la número 30, que los Grupos Parlamentarios PP y Vox han presentado a la Mesa de la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes y que, previsiblemente, se aprobará en el debate sobre la Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas que se desarrollará en el Parlamento autonómico junto al de aprobación de la Ley de Presupuestos de 2024.

Se trata de una nueva disposición adicional a la Ley de Derecho a la Vivienda de Castilla y León, que incluye un procedimiento de mediación previo a la admisión de las demandas de desahucio que hagan los grandes tenedores de vivienda cuando el inquilino sea un ciudadano en situación de vulnerabilidad económica.

No obstante, la Mesa de las Cortes acordó dejar fuera tres enmiendas de los grupos de PP y Vox en las que se plantean la modificación de las leyes de sanidad animal, ordenación farmacéutica y del ruido entre las presentadas al proyecto de ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas que acompañan a los presupuestos, de forma que se atiende de manera parcial al recurso de reconsideración de la oposición socialista. Tras la reunión de la Mesa, el socialista Luis Tudanca calificó de «insuficiente» la decisión de dejar solo fuera esas tres.