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La Junta exige que se reconozca como terrorismo a los policías agredidos en 2019

Reclama que se cumplan las recomendaciones del Parlamento Europeo

Policías antidisturbios durante los incidentes de Barcelona en 2019. ALEJANDRO GARCÍA

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ICAL
Valladolid 

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El comisionado para las Víctimas del Terrorismo en Castilla y León, Jesús Enríquez Tauler, reclama el reconocimiento como víctimas del terrorismo para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado agredidos en Cataluña en octubre de 2019. El representante castellano y leonés ha transmitido esta demanda en la reunión mantenida hace unos días con la Dirección General de Ayuda a las Víctimas del Ministerio del Interior, y con los responsables autonómicos en la materia.

Según se resalta en un comunicado de la Junta, tras la sentencia del ‘procès’ catalán se produjeron «múltiples atentados contra las fuerzas del orden por grupos radicales nacionalistas, resultando heridos decenas de agentes, viéndose obligados a retirarse del servicio activo varios de ellos, a consecuencia de los daños y secuelas padecidos por la acción criminal». Además, se indica que estos delitos se juzgan en la Audiencia Nacional y pueden verse afectados por la futura ley de amnistía, y se añade que los procesados, integrantes de los conocidos como CDR, han solicitado la anulación de la causa como futuros beneficiarios de la norma en tramitación.

Asimismo, el comisionado ha solicitado al departamento de Interior información sobre el grado de cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, para evitar la impunidad de los 379 crímenes sin juzgar de la organización terrorista ETA, que costaron la vida a 70 castellanos y leoneses.

Como colofón el representante autonómico de las víctimas del terrorismo ha solicitado la equiparación de indemnizaciones para los damnificados por actos de terrorismo. «Se vienen arrastrando situaciones discriminatorias», explicó, entre personas que, con el mismo daño, han recibido distinto resarcimiento en función de si hubo, o no, sentencia para el reconocimiento de la responsabilidad civil derivada de los delitos padecidos.