Las acusaciones en 'La Perla': "Si no estaban de acuerdo con las decisiones de Villanueva pudieron dimitir"

Fiscalía de Valladolid, la acusación particular ejercida por la Junta y la popular representada por el PSCyL siguen sosteniendo que tanto la compra del Edificio de Soluciones Empresariales ('La Perla Negra') en Arroyo como la adquisición de parcelas en Portillo para desarrollar un polígono industrial fueron orquestadas por los entonces altos cargos de la Junta, Rafael Delgado, Begoña Hernández y Juan Carlos Sacristán, con la única intención de "facilitar las ilícitas" pretensiones de los distintos empresarios también encausados.

"Se nos ha tratado de hacer ver que cumplían órdenes del entonces consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, ya fallecido, pero si de verdad no estaban de acuerdo con sus decisiones lo tenían fácil, pudieron dimitir y no ejecutar los hechos objeto de este juicio", ha apuntado la fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo, Ana Valle, quien con su alocución abría este lunes la jornada diecinueve del juicio y primera de las tres que quedan en las que la totalidad de las partes expondrá sus informes finales, antes de que el proceso quede visto para sentencia en la Audiencia de Valladolid.

A lo largo de casi una hora, la acusadora pública, como luego coincidirían las otras dos acusaciones particular y popular, ha mostrado su convencimiento de que Delgado, Hernández y Sacristán, desde los distintos cargos que los dos primeros ostentaban entonces en la Consejería de Economía como viceconsejeros y en otros puestos en ADE y Gesturcal y el tercero de ellos en la última de ambas sociedades públicas, se concertaron para que a través de las citadas operaciones bajo la lupa del tribunal salieran beneficiadas las empresas del resto de encausados, en referencia fundamentalmente a Urban Proyecta PM3, Parque Empresarial de Portillo y Cementos La Bureba, la primera de ellas propietaria de 'La Perla Negra' vendida a la Junta y también impulsora, junto con las otras dos mercantiles, del proyecto del polígono industrial en Portillo.

En el caso del proceso del doble arrendamiento de 'La Perla' y posterior venta del inmueble por importe de 52 millones más IVA, la fiscal, en declaraciones recogidas por Europa Press, sostiene que para nada hubo ahorro de costes en la operación, contrariamente a lo manifestado por las defensas, y apunta que las irregularidades se produjeron desde un primer momento por cuanto la empresa finalmente adjudicataria, Urban Proyecta, dispuso de información privilegiada ya que accedió al pliego de condiciones con anterioridad a que fuera publicado en el Bocyl el 30 de diciembre de 2005.

"Carecía de justificación que el proceso se redujera de treinta a quince días, salvo para asegurar que fuera adjudicado a una empresa concreta, y tampoco existe un informe sobre la eficacia, necesidades y ahorro de coste de la operación", advierte la acusadora pública, quien mantiene que el contrato de alquiler ajudicado entonces a Urban Proyecta fue resuelto por ésta y el entonces consejero de Economía, Tomás Villanueva, ya que a la mercantil no le satisfacían las condiciones impuestas por la mesa de contratación, y curiosamente el expediente pasó luego en pocos días de ADE a Gesturcal, donde se fraguaría la compra del inmueble, con la única intención de "eludir cualquier control y auditorías".

FACTURAS PAGADAS DOS VECES

Las tres acusaciones coinciden en que a lo largo de la tramitación del alquiler y la compra de 'La Perla' se cometieron infinidad de irregularidades, no sólo porque los 'papeles' no pasaron por el Consejo de Administración de ADE y luego Gesturcal sino también porque muchas de las obras en el inmueble para su distribución interna fueron abonadas por la sociedad pública pese a que ésta no fue la que encargó las mismas y no existe expediente que avale su adjudicación, al tiempo que existe una factura por importe de de 4,5 millones de carga financiera que ya estaban incluidos en el contrato.

En este punto, la letrada de la Junta, como acusación particular, quien ha aludido al término "confabulación" tanto en 'La Perla' como en Portillo en favor de los intereses de unos empresarios, ha indicado incluso que algunas facturas por obras en el inmueble de Arroyo se pagaron dos veces y ha cifrado el importe de las mismas en un total de 3.155.000 euros.

También el proceso de compra de parcelas en Portillo para un polígono industrial que finalmente no se ha ejecutado, los acusadores consideran probado que, al igual que en la anterior operación, todos y cada uno de los acuerdos tuvieron por finalidad beneficiar a las mercantiles de los empresarios encausados mediante su interposición entre los propietarios de los terrenos para encarecer su valor con claro perjuicio para las arcas públicas, y actuando "siempre a espaldas" también del Consejo de Administración de ADE Parques, sociedad que no tuvo conocimiento de la iniciativa hasta mayo de 2011 durante una sesión de rendición de cuentas.

En el caso puntual de Rafael Delgado, la fiscal, quien le imputa en exclusiva un delito de prevaricación, ha apuntado que "actuó por la vía de hecho para beneficiar a una empresa" y, en consonancia con la letrada de la Junta, mantiene que hubo también, entre otros, un delito de malversación de caudales públicos porque Gesturcal gestionaba bienes patrimoniales y la deuda financiera contraída por esa sociedad pública era deuda de la Administración Autonómica.

La letrada de la acusación particular, en su informe aún más extenso que el ofrecido por la fiscal del caso, ha matizado que los altos cargos de la junta, amén de "obviar" en todas sus actuaciones "fraudulentas" al Consejo de Administración de Gesturcal, "un órgano bandera como así indicó en el juicio el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera", también incumplieron las exigencias de lo que representa la firma mancomunada como instrumento de control, "pues tenían que comprobar que lo firmado era correcto", y ha rechazado que ambas operaciones en 'La Perla' y 'Portillo' pudieran atribuirse a una decisión política de la Consejería de Economía y Empleo.

"ESTAMOS LLEGANDO AL ABSURDO"

"Ello no ha quedado probado, pero lo que aquí se enjuicia no es la decisión sino la ejecución, y es ahí donde se han cometido los distintos delitos. Estamos llegando al absurdo cuando se dice que el señor Villanueva, quien ya no se puede defender, era el que decidía todo hasta el mínimo detalle y que las decisiones no pasaban por el Consejo de Administración. Es el mundo al revés", ha apostillado la letrada de la Junta en tono irónico.

También la acusación popular, en representación del PSCyL, ha presentado su informe final en el que ha acusado a las defensas de tratar de presentar "una mágnifica cortina de humo para tapar una realidad" que, a su juicio, no es otra que el intento de llenar los bolsillos de unos empresarios, primero trasladando la operación de 'La Perla' de ADE a Gesturcal, "vía esta última ajena a cualquier legalidad vigente ya que se trataba de una sociedad pública pero funcionaba como una empresa privada", y luego con el polígono de Portillo, y en ambas iniciativas "con un claro perjuicio económico no solo para la Administración pública sino también para los ciudadanos que pagan sus impuestos".

La exposición de informes, ahora de las once defensas, que solicitan un fallo absolutorio y la imposición de costas al PSCyL, al que acusan de "temeridad y mala fe", se prolongará en principio hasta este miércoles, con lo que el proceso judicial quedará visto para sentencia.