El fiscal cree acreditado el delito de ex altos cargos en la Perla Negra

El Ministerio Fiscal y las acusaciones particular y popular consideraron ayer acreditada la comisión de delitos por parte de los exaltos cargos de la Consejería de Economía y Empleo en la compra del edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda y de los terrenos del malogrado polígono industrial de Portillo, a la vez que advirtieron que no se puede responsabilizar «de todo» al exconsejero Tomás Villanueva, dado que conocían perfectamente que se estaban cometiendo irregularidades en ambas operaciones, por lo que pudieron haberse negado a cumplir determinadas órdenes o bien haber presentado su dimisión.

Al mismo tiempo, las acusaciones también mantiene sus peticiones de penas para los empresarios implicados en esta trama, a excepción del Alberto Esgueva, tal y como anunciaron la pasada semana, y consideran probado que la empresa Urban Proyecta conocía con antelación tanto la compra del edificio de Arroyo como la intención de la Consejería de Economía y Empleo de construir el polígono industrial de Portillo.

El Ministerio Fiscal sostuvo que Urban Proyecta contó con información privilegiada y tuvo en su poder el pliego de condiciones para el alquiler del edificio de Arroyo antes de su publicación, a la vez que recalcó que la operación pasó de ADE a Gesturcal con el fin de eludir todos los controles y poder favorecer los intereses de Urban Proyecta.

Además, todas las acusaciones también coincidieron en destacar que las decisiones se tomaron por Rafael Delgado o Begoña Hernández, al margen del consejo de administración de Gesturcal, órgano a donde, en el caso del edificio de Arroyo, solo se llevaron las tasaciones interesadas.

En el caso de la compra de los terrenos de Portillo, la fiscal sostuvo que no se entiende los motivos por los que la Consejería de Economía no asumió la compra directa de los terrenos y lo hiciera a través de empresas intermediarias, asegurando que el objetivo final no era otro que beneficiar a Urban Proyecta, Parque Empresarial de Portillo y Cementos La Bureba. De esta operación también recalcó que el Consejo de Administración de Gesturcal solo tuvo conocimiento cuando se rindieron cuentas un año después.

Por su parte, la letrada de la acusación particular, ejercida por la Junta de Castilla y León, aseguró que, en el caso del edificio de Arroyo había un «confabulación previa» entre Rafael Delgado y Urban Proyecta, y calificó de «injustificable» el pago de 4,5 millones de euros de gastos por parte de Gesturcal a Urban en concepto de gastos financieros.

Además, sobre el polígono de Portillo, indicó que se trataba de una operación «ruinosa a todas luces» dado que se llevó a cabo en medio de la crisis, y recalcó que se llevó a cabo con una total ocultación al Consejo de Administración de Gesturcal. A su vez, explicó que en operaciones de este tipo la Consejería de Economía nunca había recurrido a empresas intermediarias.

Por último, el letrado de la acusación popular, ejercida por el PSOE, consideró acreditada la participación de los acusados en hechos en operaciones que no tienen ningún tipo de justificación.