La AN juzgará desde hoy al jubilado burgalés que envió cartas con explosivos

La Audiencia Nacional juzgará desde este lunes, 13 de mayo, al jubilado burgalés Pompeyo González, que fue detenido en 2022 y procesado como presunto autor del envío de cartas explosivas a varias instituciones, entre ellas al Palacio de la Moncloa, al Ministerio de Defensa, a la Embajada de EEUU y a la Embajada de Ucrania.

Así lo confirman a Europa Press fuentes jurídicas, después de que hace sólo un mes trascendiera el escrito de acusación de Fiscalía en el que solicitaba para él una pena de 22 años de cárcel por un delito de terrorismo con resultado de lesiones --por las sufridas por el empleado de la Embajada ucraniana Mykola Velychko-- y un delito de fabricación, tenencia, colocación y empleo de aparatos explosivos, inflamables o incendiarios con finalidad terrorista.

En ese escrito, recogido también por esta agencia de noticias, el Ministerio Público interesaba además su inhabilitación absoluta y la inhabilitación especial para profesión u oficios educativos. Además, solicitaba que se le condene a indemnizar al trabajador herido con 1.500 euros por las lesiones sufridas.

Cabe recordar que fue en junio de 2023 cuando el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama propuso juzgar por terrorismo y empleo de artefactos explosivos con finalidad terrorista al hombre de 74 años como presunto autor del envío de seis cartas que contenían explosivos caseros a, entre otros, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así constaba en un auto en el que el magistrado recordaba que también fueron objeto de esas misivas explosivas la ministra de Defensa, Margarita Robles, las instalaciones de la empresa Instalaza en Zaragoza, las embajadas de Estados Unidos y Ucrania en Madrid y el centro de satélites de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz.

En su resolución, el magistrado atribuía el delito de terrorismo a Pompeyo González porque si bien no hay indicios de que pertenezca ni colabore con banda o grupo terrorista organizado, las acciones que se le imputan, el contexto en que se produce (la guerra de Ucrania), la viabilidad de que los artefactos estallaran (como ocurrió en el caso de la Embajada de Ucrania) y los destinatarios de sus acciones, «evidencian que en el ánimo de dicho procesado está presente (...) el objetivo de alterar la paz pública».

Apuntaba además que con sus cartas buscaba transmitir el mensaje de que esas acciones eran efectuadas por personas vinculadas a Rusia «como represión hacia los intereses de España y Estados Unidos como consecuencia de su apoyo a Ucrania ante la ocupación rusa». Y que su interés era «obligar a los poderes públicos (...) a abstenerse del apoyo mostrado a favor de Ucrania frente a la agresión rusa».

El magistrado señalaba que Pompeyo González, que fue puesto en libertad con medidas cautelares en abril de 2023, era «antagonista» de ese apoyo español y norteamericano a Ucrania, y que sus artefactos contaban con un sistema de activación mecánico, un sistema de iniciación pirotécnico y una carga explosiva de 7 a 10 gramos.

Los indicios contra él

Sobre los indicios racionales de criminalidad que le sitúan como autor de las cartas, Calama recordaba que en la entrada y registro en su domicilio en enero de 2023 se hallaron diversas varillas cilíndricas que podían corresponder con los que alojaban los pistones incendiarios de los artefactos explosivos caseros. Además, se encontraron tornillos y muelles similares al percutor utilizado en las cartas y taladros con brocas de precisión similares a las empleadas para la elaboración de los referidos artefactos.

Sumaba a esto que del análisis de su dispositivo móvil, se halló que se había instalado las aplicaciones de RT Noticias --Rusia Today-- y Sputnik, que son los medios gubernamentales rusos.

Otro indicio es que los sobres de cartón dirigidos al Ministerio de Presidencia, Embajada de EEUU, y a la base de Torrejón de Ardoz, que no explosionaron, se encontraron matasellos del Centro de Tratamiento Automatizado (CTA) de Valladolid, código número 47. Y las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de ese centro pusieron de manifiesto que esos artefactos habían sido procesados en el mismo.

Al realizar la trazabilidad, se vio que podrían venir de Burgos.