Un agente cree que el jubilado de las cartas sabía que estaba siendo vigilado
La Audiencia Nacional comenzó ayer el juicio al burgalés Pompeyo González por terrorismo
El jubilado Pompeyo González durante su comparecencia ayer. J P GANDUL
El miércoles 25 de enero de 2023, tras casi dos meses de una exhaustiva investigación policial en varias provincias, fue detenido en la localidad burgalesa de Miranda de Ebro Pompeyo González. Este jubilado de 75 años, antiguo funcionario del Ayuntamiento de Vitoria, donde trabajó como enterrador, que presuntamente envío las cartas bomba a varias instituciones y empresas privadas por su apoyo a Ucrania tras la invasión del Ejército ruso.
En el juicio que se celebra desde este lunes en la Audiencia Nacional, y a quien la Fiscalía reclama 22 años de cárcel para el único acusado por delitos de terrorismo y lesiones, el policía que le detuvo la noche del 25 de enero del pasado año declaró como testigo sobre los pormenores de su actuación. El funcionario con número profesional (TIP) 77.233 relató que tras acceder a la vivienda y arrestar al sospechoso le llamó la atención que «estaba muy tranquilo» y luego le dijo unas palabras: «Os habéis confundido, yo soy una persona a la que le gusta el bricolaje», expresó Pompeyo González. El acusado no llevaba teléfono móvil para no ser rastreado y en los «cinco o seis días» que este agente dirigió las vigilancias en las inmediaciones de su vivienda observó todas sus costumbres. «Era muy maniático con las horas. Salía solo sobre las 9:30 de la mañana. Nos encargamos de vigilar la basura que echaba. Fotografiábamos lo que había dentro. Había tornillos, clavos grandes, cerillas raspadas...no descarto que limpiase el piso dos días antes de su detención», admitió el agente. Junto al investigador declararon otros agentes y peritos, que relataron la complejidad de las pesquisas para dar con el detenido. Pompeyo González, por su parte, prefirió intervenir en último lugar y el tribunal presidido por el magistrado Alfonso Guevara lo aceptó.
Tendrá entonces la ocasión de aclarar si fue el autor del envío de cartas explosivas a varias instituciones, entre ellas al Palacio de la Moncloa, al Ministerio de Defensa, a la Embajada de Estados Unidos o la la Embajada de Ucrania entre noviembre y diciembre de 2022. Cabe destacar que la Fiscalía pide que sea condenado a una pena de 22 años de cárcel por un delito de terrorismo con resultado de lesiones, por las sufridas por el empleado de la embajada ucraniana Mykola Velychko, y un delito de fabricación, tenencia, colocación y empleo de aparatos explosivos, inflamables o incendiarios con finalidad terrorista.
«Su objetivo era alterar la paz pública» Fue en junio de 2023 cuando el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama, instructor de la causa, propuso juzgar por terrorismo y empleo de artefactos explosivos con finalidad terrorista al hombre de 75 años como presunto autor del envío de seis cartas que contenían explosivos caseros, entre otros, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez.
Así consta en un auto en el que el magistrado recordaba que también fueron objeto de esas misivas explosivas la ministra de Defensa, Margarita Robles, las instalaciones de la empresa Instalaza en Zaragoza, las embajadas de Estados Unidos y Ucrania en Madrid y el centro de satélites de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz.
En su resolución, el magistrado atribuyó el delito de terrorismo a Pompeyo González porque si bien no hay indicios de que pertenezca ni colabore con banda o grupo terrorista organizado, las acciones que se le imputan, el contexto en que se produce (la guerra de Ucrania), la viabilidad de que los artefactos estallaran (como ocurrió en el caso de la Embajada de Ucrania) y los destinatarios de sus acciones, «evidencian que en el ánimo de dicho procesado está presente (...) el objetivo de alterar la paz pública».
Apuntó además que con sus cartas buscaba transmitir el mensaje de que esas acciones eran efectuadas por personas vinculadas a Rusia «como represión hacia los intereses de España y Estados Unidos como consecuencia de su apoyo a Ucrania ante la ocupación rusa». Y que su interés era «obligar a los poderes públicos (...) a abstenerse del apoyo mostrado a favor de Ucrania frente a la agresión rusa».
El magistrado señaló que Pompeyo González, que fue puesto en libertad con medidas cautelares en abril de 2023, era «antagonista» de ese apoyo español y norteamericano a Ucrania, y que sus artefactos contaban con un sistema de activación mecánico.