Quiñones señala que la Ley estatal de Vivienda carece de aplicación en CyL

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, señaló ayer que la Ley estatal de Vivienda, que ahora cumple su primer año desde su aprobación, «carece de aplicación práctica» en Castilla y León, donde «el mercado sigue presidido por las actuaciones de la Junta». «Se dota de seguridad jurídica a través de distintas medidas. Esa es la que hay que promover, no la inseguridad», comentó el consejero, quien apeló también a «toda la política de promoción, construcción de nuevas viviendas en alquiler de promoción pública e incentivación de la privada mediante la modificación de los precios de VPO de promoción privada y actualización de los precios de alquiler, y que son el camino adecuado».

Así lo trasladó durante una jornada para analizar los efectos y la realidad de la Ley de Vivienda estatal, desarrollada en la propia Consejería junto al Consejo General de las Cámaras de la Propiedad Urbana de Castilla y León, y que permitió conocer los pormenores de esta norma en su primer año de aplicación. Suárez-Quiñones recordó que esta ley «nació con mucha polémica sobre la posible invasión de competencias de las comunidades autónomas», motivo por el que hay ocho recursos de inconstitucionalidad pendientes de resolver por el Tribunal Constitucional.

También surgió, prosiguió, con la «polémica de su carácter intervencionista y desincentivador del mercado de la vivienda, especialmente del alquiler; así como la politización y falta de comunicación con los gobiernos regionales para regular una competencia que es exclusiva de las autonomías».

Técnicos jurídicos analizaron las consecuencias procesales que ha conllevado esta norma en el mercado del alquiler, así como conocer si ha conseguido su objetivo de incrementar este mercado o si, según expuso el consejero, «las políticas más adecuadas son las contrarias a las que promueve: incentivación fiscal y seguridad jurídica, que son dos de los aspectos más polémicos de la ley, que dificultaba o alargaba los plazos para recuperar la posesión de una vivienda».

Precisamente, Suárez-Quiñones se refirió también al primer año de funcionamiento de las conocidas como oficinas de información antiocupación, con la colaboración de las Cámaras de la Propiedad Urbana, que son «fundamentalmente de información para la prevención». «Nosotros hemos pretendido que el propietario conozca de antemano qué hacer para evitarlo a través de la información», recordó el consejero, quien comunicó que hubo 6.500 consultas por vía telemática y otras 170 presenciales o telefónicas.