El Consejo de Cuentas señala «falta de coordinación» en los fondos europeos
Amilivia considera necesaria una «mayor formación» del personal asignado a la gestión de los mismos
El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, presenta dos informes. RUBÉN CACHO
El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, advirtió ayer que existe una «falta de coordinación» entre los diferentes estamentos de la Junta de Castilla y León para la gestión de los fondos Next Generation en la Comunidad, por lo que reclamó establecer una base de datos centralizada para una mayor transparencia, así como «mayor formación» para el personal asignado a la gestión de estas subvenciones. Así lo hizo saber durante su intervención en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de ayer, recogida por Ical, en la que presentó los informes sobre el cumplimiento de la obligación de implantar un plan de medidas antifraude, tanto por parte de la Junta como de 27 ayuntamientos de Castilla y León, ligado al Fondo de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE para aplacar los efectos económicos de la pandemia.
En el caso del informe sobre la Junta, el periodo de estudio se extiende entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de mayo de 2022, motivo por el que Amilivia señaló que, dado que la Comunidad «aún no disponía de margen de reacción para la corrección de aquellas cuestiones que contribuyeran a una mejora de la gestión del mecanismo», la auditoría se plantea como «sistema de alerta temprana para detectar las oportunidades de mejora al inicio de la implementación del plan».
El presidente del Consejo de Cuentas, aseguró que «durante la fiscalización, se percibió un impulso en el proceso de implementación de algunas de las medidas analizadas» y que, incluso, con posterioridad «se han seguido produciendo progresos», lo que le llevó a afirmar que «las entidades responsables fueron evolucionando y mejorando».
No obstante, y dentro de las 48 conclusiones elaboradas por el Consejo de Cuentas, Amilivia reconoció que la Junta no contaba con «un instrumento único y formal de planificación estratégica» para gestionar los subproyectos asignados por una cuantía de 1.655 millones de euros para la Comunidad, y que tampoco «había uniformidad en la elaboración de la planificación estratégica de las subvenciones» ni en la elaboración de los planes anuales de contratación.
Asociado a este primer informe, Amilivia también presentó otro relativo a la elaboración de planes de lucha contra el fraude sobre la gestión de estos fondos en las entidades locales y diputaciones de Castilla y León, para lo que se fiscalizó la actuación de 27 organismos de la Comunidad: las nueve diputaciones, las nueve capitales de provincias, y otros nueve ayuntamientos que, en total, recibieron fondos por valor de 64,7 millones de euros entre el 1 de octubre de 2021 y el 31 de marzo de 2022.
El presidente del Consejo de Cuentas resaltó que todas las diputaciones y capitales de provincia aprobaron un Plan de Medidas Antifraude, así como Aranda de Duero y Medinaceli entre los otros nueve ayuntamientos estudiados.