Mañueco irá a los tribunales por la supresión de 346 paradas de buses
El ministro de Fomento, Óscar Puente.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se mostró ayer dispuesto a «ir a los tribunales» para «defender a la gente de nuestra tierra y nuestros pueblos» frente a la supresión de 346 paradas de los autobuses interurbanos en Castilla y León que, aseguró, va a llevar a cabo el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, dirigido por el vallisoletano Óscar Puente.
Según Fernández Mañueco, el nombramiento de Puente ya fue un movimiento del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «para avergonzarnos a todos» los castellanos y leoneses, algo que, a su juicio, se demostró en el momento en el que el ahora ministro de Transportes «nos llamó geriátrico a cielo abierto, despreciando a nuestros mayores».
Ahora, tal y como apuntó el presidente de la Junta en un acto de campaña en Laguna de Duero al que acudió como máximo mandatario del Partido Popular en Castilla y León, «ha explicado el nuevo mapa de transporte interurbano» que supone «un nuevo palo» para la Comunidad, ya que «va a suprimir 346 paradas en pueblos de Castilla y León». En concreto, Fernández Mañueco se refirió a la situación de la provincia de Valladolid, de la que procede Puente, donde esa supresión afecta a 24 paradas, lo que va a «dejar tirados a 32.000 habitantes». Un «desprecio infame», como lo calificó el presidente de la Junta, que aseguró que no lo van «a consentir», acudiendo en primer lugar al Congreso, al Senado, a las Cortes de Castilla y León, a las diputaciones y a los ayuntamientos para intentar frenarlo e incluso llegando a «los tribunales» para «defender a la gente de nuestra tierra y nuestros pueblos». «Le vamos a decir ‘no’ a Puente», concluyó.
De igual manera se expresó la consejera González Corral, que afeó la postura del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, quien el pasado martes anunció colaboración «estrecha» con las comunidades autónomas para abordar el futuro plan de transportes pero que, luego, da la «callada por respuesta» a la Junta de Castilla y León.